De 72 pozos de riego agrícola en el estado, solo funcionan 36 y, de estos, 10 enfrentan problemas de cesión de derechos; además, hay casos en los que se han promovido amparos contra acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la conclusión de concesiones, refirió el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal.
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Tras la orden de extinción del título de concesión para el aprovechamiento de agua del pozo número tres de Cuapiaxtla, emitida por la Conagua con fecha 2 de abril del presente año, el secretario expuso el panorama general sobre esta situación en la entidad.
“Desgraciadamente hay muchas autorizaciones de aprovechamiento que están vencidas, no se les dio el seguimiento adecuado y de la misma forma se les suspendió el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, por adeudos, mencionó.
Apuntó que esta circunstancia “nos perjudica; bendito dios este año ha sido de mucha agua, pero posteriormente va a haber una problemática mayor”.
Afirmó que ante este panorama, el gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) buscan acuerdos para que esos sistemas realmente sean un beneficio.
“Se están tomando acciones por parte de la gobernadora y de Pedro Albornoz, delegado de la Conagua”, sostuvo y confió en que en el nuevo gobierno federal que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, “se puedan alcanzar mejores metas y remediar”.
Remarcó que el agua es un derecho humano y que por ello se deben aprovechar esos pozos, principalmente en esta temporada de lluvia, pues antes de esta época su nivel “era de entre 120 y 80 metros de profundidad, pero ahora es de 70 a 60 metros, porque hay agua en los mantos freáticos”.
Citó que hay alrededor de 10 unidades con problemática de cesión de derechos, pero todavía no están suspendidas, pues siguen en operación; aunque, los agricultores no tienen oportunidad de pagar más barata la energía eléctrica y por tanto les resulta más caro echarlas a andar.
Sobre el caso de Cuapiaxtla, donde la Conagua argumentó que una de las razones para adelantar la extinción del título de propiedad es proteger el recurso hídrico para no vulnerar derechos de las personas, Rafael de la Peña respondió que “desgraciadamente gobiernos anteriores dieron concesión a grandes empresas, como Coca-Cola, mineras y otras; las tienen consorcios, grupos muy poderosos, y el agua que es del campo se ha estado negando, por decirlo así”.
Comentó que por esta razón se han emprendido trabajos y que la próxima presidenta de la República “va a tomar muchas acciones sobre eso”.
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Así como ya lo hicieron usuarios del pozo de Cuapiaxtla, reconoció que hay otros casos en los que los Comisariados Ejidales han procedido al amparo contra acciones de la Conagua.
“Pero -insistió- si no se ponen las pilas y no quieren cooperar, va a ser muy difícil que se logre” resolver la situación, porque el juicio “se irá prolongando prolongando”. Contestó que no contaba con el dato preciso de asuntos de este tipo ante los tribunales.
Respecto de los pozos que no funcionan y que representan casi la mitad del total, dijo que les ha sido robado el equipo, y que si bien, hay posibilidades de rescatarlos, es necesaria la voluntad política, social y también de los productores “porque ellos quieren que todo se les dé gratuito, debemos sumarnos todos para alcanzar las metas que tenemos”.
Aunque el gobierno aporte 50 o 60 por ciento de recursos económicos -indicó-, si la sociedad no participa con lo que le corresponde “sería dificilísimo” tener dinero para dar mantenimiento a todos.
Añadió que en el caso de los pozos que se encuentran desmantelados, ha propuesto a los agricultores trabajar en coordinación y que ellos adquieran las piezas, ya sea el tablero o la bomba, y que la SIA repone el cableado u otro material, además de “invitar” a la CFE a sumarse.
Para enfrentar el saqueo de pozos, todas las partes deben estar unidas, porque “imagínate, la cantidad de policías que tenemos en el estado no alcanza ni para cubrir a 200 personas y menos en zonas rurales”, expresó.
Replanteó la creación de grupos de seguridad para reportar cualquier situación al teléfono de emergencia 911, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Guardia Nacional (GN), para que acudan en el momento del robo.
“Y que se meta gente a la cárcel, que no la suelten los jueces, pues es que no hay una carpeta bien elaborada y (los delincuentes) libres con una idea más clara para seguir robando porque ya saben cómo salir de la puerta giratoria”.
