A propósito de los cambios y despidos institucionales que se han realizado, a principios de 2023 la Secretaría de la Función Pública en Tlaxcala informó que se habían desahogado 188 expedientes que estaban pendientes en los últimos tres años (2020–2022), los cuales, se informó, fueron por duplicación de plazas o falsificar documentos, lo que hace necesario seguir visibilizando que la violencia institucional, obstaculización y omisiones lo siguen enfrentando las mujeres que son víctimas de las violencias en todos los ámbitos.
Desde las administraciones pasadas hemos conocido de prácticas instituciones de violencia, obstaculización y grave omisión; en ninguno de los casos ha existido sanción, a pesar de existir un marco normativo que así lo establece para quienes violen los derechos de mujeres y hombres que se acercan por algún tipo de servicio, recibiendo respuesta de los funcionarios o funcionarias que les revictimiza; seguir dejando de lado estas prácticas sólo minimiza las responsabilidades que tiene el Estado de garantizar en todo momento los derechos de las sobrevivientes de violencia.
La Ley General de Víctimas, por ejemplo, contempla en su artículo 120 que “el incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta ley para los servidores públicos, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente”, por tratarse de la violación a sus obligaciones establecidas en esta ley; así como el artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, no podemos olvidar los instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en su Recomendación General número 19, donde establece que “se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas. Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos u otros convenios, además de violar la Convención”.
Al no contemplar un seguimiento más especializado al actuar de las autoridades, se mantiene una permisibilidad del Estado al no actuar conforme a este marco normativo que protege los derechos de las mujeres y que garantiza la justicia, reparación integral del daño y la no repetición de la violencia institucional, que se suma a la violencia estructural, sistemática y sistémica que enfrentamos las mujeres; por lo que no se vuelve menor la exigencia de sancionar al funcionariado público que tiene la obligación de brindar servicios especializados a las mujeres, sus hijas e hijos.
Que no olvide este gobierno que hace falta el despido de funcionarios y funcionarias que han atentado contra los derechos humanos de las mujeres, quienes han obstaculizado los procesos, quienes han sido omisos para otorgar las órdenes de protección, así como su ejecución; de quienes siguen pidiendo a las familias que esperen hasta 72 horas para iniciar las búsqueda con vida de mujeres y niñas; de aquellos que favorecen a los agresores, tratantes y feminicidas; a los servidores públicos que generan violencia simbólica al utilizar en su uniforme a mujeres explotadas sexualmente; que no se olvide este gobierno de todos ellos, en lugar de justificarles y coludirse, dejándolo pasar administración tras administración.
Después de ser noticia nacional sobre la modificación al casco de Protección Civil estatal, se dio a conocer que la sanción aplicada fuera una administrativa al dueño del casco, no al titular de esta institución, a pesar de la violencia simbólica ejercida y lo que representa en un estado donde la explotación sexual y de los cuerpos de las mujeres ha sido una lucha por décadas en Tlaxcala y el mundo.
Por esto mismo, preocupa que sea el Sistema Estatal DIF quien opere su funcionamiento del primer refugio para mujeres víctimas de violencia, pues requiere de personal especializado, así como un modelo que garantice a las mujeres salir del ciclo de violencia y disminuir los riesgos de violencia feminicida que esto implica. Sin embargo, durante su presentación, se explicó que “se ofrecerán servicios de protección, alojamiento y atención para recuperar su autonomía y apoyo para un plan de vida libre de violencia”, dejando de lado un acompañamiento y asesoría especializada para el acceso a la justicia; dicha acción “fue presentada a las titulares de los Sistemas Municipales DIF”.
Parte de las preocupaciones de que no sea una instancia como el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), en su carácter de “diseñar y dar seguimiento a los programas y acciones encaminadas a ampliar y profundizar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres”, es la insistencia del sistema DIF de promover la conciliación entre las mujeres víctimas de violencia y sus agresores; siendo así, una violación al marco normativo de protección a las mujeres, normalizando estas prácticas como la violencia institucional que no brinda la asesoría especializada para que las mujeres decidan, de manera informada, las acciones legales y judiciales que forman parte de sus derechos.
Unos días después, tras la observación de que el DIF no es la instancia especializada para atender la violencia contra las mujeres, el gobierno informó que “el DIF trabaja en conjunto con el IEM para que el refugio opere como debe”, además de que “en adelante buscarán a los Colectivos Feministas y en Pro de las Mujeres, para exponer el funcionamiento y operatividad del refugio, para su tranquilidad y confianza en dicha instancia”. Cabe mencionar que la confianza se le debe garantizar a las mujeres, de que serán escuchadas, que se creerá en su palabra y no serán tratadas como si fuera su responsabilidad, ya que por las mismas sobrevivientes de la violencia machista que se acercan a nuestra organización, refieren que las instituciones no dan respuesta a sus necesidades y no contemplan en su actuar acompañar a las mujeres para solicitar una orden de protección.
Las sanciones representarían un mensaje de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia, principalmente la ejercida por las funcionarias y funcionarios, quienes deben cumplir la obligación del Estado de garantizar y respetar los derechos de las mujeres.