Lunes, mayo 10, 2021

Salomónica destitución

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Por la salomónica destitución de los tres comisionados, así se van a decantar los integrantes de la LXIII Legislatura local para terminar con el irreconciliable conflicto que existe al interior del IAIP.

Los diputados ya decidieron la destitución de Marlene Alonso Meneses, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales como comisionados, al considerar que los tres incurrieron en actos y omisiones que trastornaron el funcionamiento del organismo, así como en el desacato de resoluciones y decretos que emitió el Congreso.

Aunque la votación, en jurado de sentencia, se emitirá el próximo miércoles, parece que nada ni nadie salvará a los integrantes del pleno del IAIP porque su lucha por el poder, soberbia e ignorancia los llevó a vivir un año y cinco meses con diferendos en perjuicio de la operatividad del organismo.

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Los diputados advierten que Morones Servín y Cabrera Canales incurrieron en desacato a lo dispuesto por la fracción II del artículo quinto transitorio del decreto 217 y el decreto 299, al desconocer a Alonso Meneses como presidenta del IAIP, como lo resolvió la LXI Legislatura el 27 de diciembre de 2016.

Por tal motivo, ambos se han dedicado a desconocer un decreto que se encuentra vigente y firme, dado que no fue impugnado en tiempo y forma, lo que generó el conflicto legal.

Sin embargo, estiman, en la salomónica decisión, que Alonso Meneses también incurrió en omisiones, al poner en riesgo al instituto al “abandonar” sus funciones por dedicarse a litigar este conflicto tanto en el orden político como judicial.

Por eso, resolvieron deponer a los tres y llamarán a los suplentes Didier Fabián López Sánchez; Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández para que protesten el cargo y concluyan el mandato de los todavía comisionados. El miércoles se oficializará la medida.

No obstante, los diputados deben ser cuidadosos porque se juegan también su credibilidad; los posibles depuestos tratarán de defenderse jurídicamente, aunque la resolución del Poder Legislativo, en materia de juicio político, no debe ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso, de ahí que esta determinación parece impugnable.

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