La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Edith Padilla Bañuelos informó que los requerimientos que se hicieron a los tortilleros del estado obedecen a las facultades que tiene este organismo a nivel central para pedir información sobre el precio de los insumos de esta industria.
“Los requerimientos no los hace la delegación, los están llevando a cabo desde nivel central, pero sí les puedo decir que son requerimientos que les están realizando con relación a los precios de los insumos y los hacen en atención a una facultad expresa que tiene la ley para poderles llevar a cabo estos requerimientos y los requerimientos son documentales, no son requerimientos donde requieran la presencia física de las personas, de manera que no les implica costos para trasladarse, porque son documentales”, agregó.
El pasado domingo, los dirigentes de la Cámara Regional de Industriales de la Masa y la Tortilla (Carit), Cruz y Bertha Mora Avendaño denunciaron que 65 de los 250 socios han sido hostigados y amenazados por la Profeco porque incrementaron entre 9 y 14 por ciento el precio de su producto a consecuencia de que los insumos que utilizan aumentaron entre 15 y 25 por ciento, como la gasolina, energía eléctrica, gas y maíz.
Al respecto, la delegada de la Profeco refirió que sólo se han iniciado 20 procedimientos administrativos sancionadores a tortillerías por diversas causas y no solo por el aumento al precio de este producto, sino por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor por la falta de exhibición de lista de precios, porque las básculas se encuentran fuera de tolerancia o bien porque al momento de llevar a cabo la visita de inspección, se encontró un aumento en el precio del producto y no se justificó la medida en ese momento.
“El inicio de los procedimientos no representa que los establecimientos ya hayan sido sancionados, sino que son establecimientos que se encuentran con inicios de procedimientos, una vez que transcurre el término de ley, se les otorga cinco días para poder justificar cuando se trata de incrementos injustificados, en ese tiempo podrá determinar si fue injustificado o no, pero no se ha aplicado ninguna sanción porque los procedimientos están iniciando”, explicó Padilla Bañuelos.
La funcionaria federal mencionó que una vez que se detecta una infracción a las normas federales de protección al consumidor, se colocan sellos de suspensión de la actividad comercial, en tanto se confirma o no la violación.
Es de mencionar que los industriales de la masa y la tortilla dijeron que la Profeco realiza de manera permanente monitoreo al precio de la tortilla, lo que les hace sentir un hostigamiento muy fuerte, pues los coloca ante los consumidores como personas rebeldes.
Además señalaron que el ajuste en el precio, de 11 a 12 pesos el kilo de tortilla, era necesario porque desde hace cuatro años no lo habían modificado porque habían asumido los costos de producción.
Por ello, dijeron que no permitirán que continúe este acoso, porque una vez que llegan los requerimientos tienen 48 horas para contestar y de no ser así, se menciona que les aplicarán multas de 25 mil pesos por la omisión a responder.
Además, por cada día que transcurra sin contestar, son casi 10 mil pesos más y la amenaza de cancelarles el permiso.