El Poder Legislativo reprobó la cuenta pública del año 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al considerar que dicha instancia presidida esa anualidad por Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, incumplió con la correcta aplicación de recursos por un monto de 1 millón 121 mil 296.28 pesos.
Este martes, los diputados concluyeron con el proceso de dictaminación de cuentas públicas del año pasado. En sesión extraordinaria, terminaron por respaldar un dictamen de minoría a través del cual decidieron reprobar la forma en que fueron usados y comprobados los recursos por la CEDH al detectar “más omisiones”.
De acuerdo con dicho dictamen, que fue avalado con el voto de calidad de la presidenta de la mesa directiva Luz Vera Díaz, pues hubo un empate a siete votos y que fue presentado por la diputada Leticia Hernández Pérez, puntualizaron la existencia de diversos pagos improcedentes que generaron un daño patrimonial a las arcas de la CEDH. Por ejemplo, detectaron pagos por 782 mil 439.60 pesos “arrendamiento de equipo de transporte”.
De esas imputaciones, el informe individual emitido por el Órgano de Fiscalización Superior dio cuenta del pago de renta de ocho vehículos y una camioneta; sin embargo:
“No se cuenta con la justificación para contratar este servicio, ya que la comisión cuenta con unidades vehiculares para realizar sus actividades y de acuerdo con el costo que implica el arrendamiento, pudieron haberse adquirido unidades que pasaran a ser propiedad de la misma, sin que tuvieran que devolverse a la empresa prestadora del servicio al vencimiento del contrato, como sucederá en este caso”.
Además, la CEDH pagó 57 mil 434.81 pesos por concepto de consumo de alimentos del presidente de la comisión y de servidores públicos adscritos a la misma por reuniones de trabajo de carácter institucional, las cuales se llevaron a cabo fuera de las instalaciones de la comisión; sin embargo, a decir del OFS, “las erogaciones realizadas son improcedentes, ya que la comisión cuenta con la infraestructura para realizar las reuniones de carácter institucional, asimismo no presenta evidencia documental que acrediten las erogaciones realizadas”.
Aunado a lo anterior, el ex presidente de la CEDH autorizó el pago de un millón 355 mil 128.03 pesos para personal adscrito a los integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, lo cual es irregular.
“De la revisión a la plantilla de personal y las nóminas pagadas se detectaron cuatro puestos denominados asesor técnico de Consejo Consultivo, por los cuales devengaron remuneraciones durante el ejercicio fiscal 2020 por un millón 355 mil 128.03 pesos; los servidores públicos están asignados a los cuatro comisionados que ostentan un cargo de carácter honorifico; asimismo, estas plazas no se encuentran integradas en los órganos de gobierno, órganos técnicos y áreas de apoyo que se especifican en el Reglamento Interior de la comisión. Asimismo (sic.), al no contar con Manual de Organización, no se identificó qué actividades o acciones tienen encomendadas como asesores”.
Por ello, los diputados, decidieron, por mayoría de votos, para no aprobar la citada cuenta, y de paso, ordenaron al OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que:
“El presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Además, pidieron que los órganos internos de control de la CEDH inicien con la aplicación, en el ámbito de su competencia, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el OFS”.