El pasado 2 de febrero, en el marco del Día Mundial de los Humedales, se realizó el lanzamiento de la campaña Remar Contracorriente por el Agua y la Vida organizada por agrupaciones socio–ambientalistas, colectivos e instituciones argentinas y de otros países de Latinoamérica, junto la Red Eclesial Justicia y Paz en Latinoamérica.
Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar la importancia de los ríos y los humedales en las cuencas, así como los peligros que enfrentan debido al avance del extractivismo y la privatización de las aguas en América Latina y el Caribe. La revista electrónica Más Azul Planeta, señala que, para 2022, al menos una cuarta parte de los ríos de América Latina se encontraba ya contaminada.
Los peligros no son sólo para los cuerpos de agua y para todos los ecosistemas que se encuentran ahí. La presencia tóxica dentro y entorno a los cuerpos de agua de un territorio, también tiene un impacto directo en la salud de las personas y las comunidades que se encuentran cerca o dependen directamente de ellos, llegando a convertirse ese territorio en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA)
En México, de acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se calcula que el 70 por ciento de los ríos está contaminado. Por su parte el doctor Andrés Barreda Marín, de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que en el país existen, al menos, 70 RESAS. Y las causas de esa devastación se encuentran, de acuerdo con Barreda, en la desregulación industrial en México, especialmente a partir de la entrada en vigor del TLCAN y posteriormente del T–MEC en 2020, por los cuales, para abaratar los costos de producción y aumentar las ganancias, se trasladan esos costos hacia la destrucción de la naturaleza y el deterioro de la salud de las personas.
La devastación socioambiental en las RESAS se expuso claramente en el Encuentro Nacional de Pueblos y Comunidades Envenenadas, realizado los días 25 y 26 de enero, en Ocotlán, Tlaxcala. Ahí, 65 organizaciones de base comunitaria de 18 estados del país, compartieron información sobre los procesos de afectación a la salud de las personas en comunidades y territorios.
La tarea de denunciar la devastación socioambiental en México no ha sido ni será fácil, entre otras, por las siguientes razones:
A nivel federal se está promoviendo la realización de planes gubernamentales que promueven el crecimiento y la instalación de más industrias aprovechando el nearshoring, sin que aún tengamos una estructura normativa y de vigilancia que garantice el adecuado tratamiento de sustancias descargadas al agua, la tierra y emitidas al aire luego de los procesos de producción.
Siguen sin reconocerse a cabalidad las denuncias que los colectivos, comunidades, organizaciones, científicas y científicos han hecho respecto a la existencia de los graves daños generados a muchas comunidades a lo largo de todo territorio nacional.
No existen diagnósticos adecuados, o no se reconocen los ya existentes. Así pasa en el caso de la Cuenca del Alto Atoyac, en la que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (hoy Secretaría) apoyó la realización de diversos Proyectos de Investigación e Incidencia que documentaron la contaminación industrial existente y sus impactos en la salud, haciendo recomendaciones para su atención más efectiva, e indicando que la construcción de plantas de tratamiento no resuelve el problema, como se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas.
No hay una apertura real, ni voluntad, para reconocer la importancia estratégica de la participación organizada de las comunidades y pueblos en la realización de diagnósticos y construcción de soluciones.
En Tlaxcala, México y América Latina, hemos llegado a un punto en el que las comunidades no podemos soportar más un modelo económico que, bajo una falsa idea de progreso –se trata sólo de crecimiento económico y acumulación en beneficio de pocas personas–, nos despoja de nuestros territorios, los destruye, nos enferma y nos mata. Por ello, es necesario que colectivamente rememos contracorriente de ese modelo económico que privilegia la ganancia; contra el desvío de poder del Estado que se generó durante el neoliberalismo; contra un sistema educativo y social que nos somete a la producción y al consumo. Rememos contracorriente porque se trata de la salud y vida de las comunidades y de los ecosistemas que nosotros, nosotras y quienes vendrán en el futuro merecemos disfrutar como bienes comunes.