El Congreso de Tlaxcala debe regular el agua a partir de la dignidad humana y no de las necesidades de empleo y crecimiento económico, sino como un bien social y cultural, planteó el investigador Rodrigo Gutiérrez Rivas; sin embargo advirtió que los gobiernos pueden caer en la tentación de privilegiar intereses mercantiles.
El especialista en derecho constitucional compartió esta y otras reflexiones en el Foro El Derecho Humano al Agua y la Gestión Comunitaria, organizado por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. y efectuado en un hotel de la capital del estado.
Subrayó que en la entidad realizan esfuerzos para construir un marco legal en la materia y recalcó que existe una obligación jurídica de construir, a través de una nueva normatividad, una relación entre tres grandes ejes trazados desde la Constitución y los tratados internacionales.
El investigador recordó que en febrero de 2012 en el país se reconoció al agua como un derecho humano, en el artículo 4 párrafo VI, pero que ahora se deberá entender cómo dialoga este numeral con el 27, pues este recurso ya no es solo propiedad de la nación, y cómo se interpreta con el 1.
Resaltó que de estas disposiciones se desprenden muchas consecuencias jurídicas que vinculan al gobierno del estado y al Congreso local para que sean cumplidas.
Refirió que las leyes de agua “son la garantía primaria para la protección del derecho humano al agua”, porque es en estas donde se va a entender “a qué tenemos derecho”, y por eso es importante el papel del Poder Legislativo tlaxcalteca, para que defina quiénes, cómo y cuándo se va a gestionar y con qué calidad.
La Observación General número 15 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) puntualiza que el agua es un bien público fundamental para la vida y para la salud, y que debe ser prioridad utilizarla para fines personales y domésticos, “no uso empresarial, no uso agrícola, es decir, primero la dignidad y el acceso de las familias“.
Esto es una obviedad -expresó-, pero en ocasiones en circunstancias como las que hoy se dan en Tlaxcala y Puebla, a donde en 60 años han llegado miles de empresas que están ocupando el territorio y que requieren mucha agua, puede ser que los gobiernos tengan la tentación de privilegiar los intereses de esos actores y se descuiden esas prioridades señaladas por tratados internacionales, “puede ocurrir”.
El marco jurídico internacional establece que este recurso debe ser tratado como un bien social y cultural, “no como un bien económico, hay una prohibición al uso mercantil; sin embargo, “también hay una tentación de convertirla en una mercancía, o sea, que se venda para que actores privados vengan a resolver los problemas que tenemos” en cuanto a su administración, al permitir que una empresa particular se instale en el municipio y se aumente el precio del suministro a las casas, “para que sea un buen negocio“.
Acentuó que es razonable que el manejo del vital líquido se haga desde el sitio donde se produce, no desde el centro de la Ciudad de México como se hace en la actualidad, lo cual resulta ser un modelo fallido.
Recalcó que el derecho internacional puntualiza la relevancia de la participación ciudadana, por ello reconoció que en Tlaxcala es esperanzador que el agua la administran los pueblos y también para pensar la nueva forma de hacerlo en el resto del país, pero lamentó que las leyes no prevean este esquema, ya que están “invisibilizados esos procesos”.
Está demostrado científicamente que los sistemas comunitarios van a garantizar “con mucha mayor eficacia la distribución de agua entre la población, mucho mejor que el Estado y las empresas privadas”, abundó.
Planteó que el primer principio que la Ley de Aguas de Tlaxcala debería tener, con base en tratados internacionales y la Constitución, es el del derecho humano, por lo que esta legislación debe ser diseñada para garantizar este líquido vital, no como “una norma administrativa para gestionar un recurso natural. Ese es el enfoque, es prioritario, no es una cuestión simplemente de gestión técnica, es de vida o muerte”.
Por tanto, subrayó que el Congreso local debe regular este bien como lo establece el derecho internacional, “a partir de la dignidad humana, no de las necesidades de otros actores de empleo y crecimiento económico, el agua debe ser un bien social y cultural y no un bien económico”, así lo establece la Observación General número 15.
Asimismo, debe llevar el principio de integralidad del agua, desde una gestión de los bienes comunes hídricos, al tomar en cuenta esa relación compleja que tienen con el bosque, con el suelo, con el clima y la protección del ciclo hidrológico y de las cuencas, sugirió.
Además, debe incorporar otro principio fundamental que es de la democracia al agua, pues se debe sustituir la administración centralizada basada “en saberse supuestos expertos “excluyentes (que dicen), el pueblo no sabe, nosotros lo sabemos, vienen los técnicos y los privados y ellos deciden“.
Pero -realzó- el agua debe ser gestionada desde las cuencas, a partir de una institucionalidad democrática, participativa que responda a las necesidades locales y regionales; así como legalizar la gestión comunitaria y autonómica de los pueblos campesinos e indígenas.
Esto es, la ley debe habilitar a los pueblos y comunidades a controlar y dirigir sus recursos naturales como parte de su derecho a la autonomía y al territorio, establecidos en el artículo 2 de la Constitución, que si bien “es más para pueblos indígenas, tiene que ver también con la gestión comunitaria”.
Reiteró que la condición de Tlaxcala es esperanzadora porque la población “se reúne en asambleas, decide todos los días cómo se debe administrar el agua, ustedes tienen personas que se están encargando en cada una de sus localidades de asegurar que llegué a los habitantes, sabemos que hay muchos problemas, retos, pues no es fácil la situación de los sistemas comunitarios”.
Sin embargo, insistió en que se debe lograr que a través una nueva Ley de Aguas se encuentren las políticas e incluso los recursos para apoyar respaldar y sustentar esto “que es un tesoro”, y la posibilidad de pensar “una nueva gestión” de este recurso en el futuro.
Por su parte, Alicia Lara Vázquez, integrante de la Coordinadora por Un Atoyac con Vida, alertó que la tendencia “es que nos midan y cuenten las gotas de agua que nos estamos tomando a diario…esta privatización también es una forma de matarnos”.
A través de un mensaje virtual, Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó que el derecho al agua está reconocido en los tratados internacionales.
Mientras que Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, reflexionó sobre la historia del agua en Tlaxcala; situación y contexto a partir de la industrialización; la iniciativa de ley que se discute y la privatización “que no es propia del estado, sino en general del país; así como la importancia de la participación activa de la ciudadanía.