El Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami) demandó al Congreso local la emisión del Reglamento de la Ley de Atención y Protección de los Sujetos Migrantes y sus Familias, la cual entró en vigor desde enero de 2018; así como la creación de una fiscalía especializada para asistir a este sector en casos de delitos.
Norma Mendieta Mendieta, coordinadora de esta organización civil, recordó que en agosto de 2018 el entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez envió una reforma, con el argumento de que no había recursos para la creación de un Instituto, establecido en dicha legislación; a lo cual las y los diputados dieron su aval.
Con esta modificación se mantiene la figura de Dirección de Atención a Migrantes (DAM), la cual sigue en operaciones con un presupuesto bajo, recalcó la también activista.
Por esta razón, “seguimos insistiendo en la necesidad de crear al menos un instituto para brindar atención integral y en correspondencia con los aportes que nuestros migrantes tlaxcaltecas dan a la economía del estado” subrayó
La idea era contar con un organismo que no dependiera directamente del despacho del gobernador, a fin de que pudiera generar recursos y que tuviera personalidad jurídica y patrimonio propios, subrayó.
Incluso –abundó-, se planteó que iniciara actividades con el personal e infraestructura con el que contaba la DAM y que al paso del tiempo se fortaleciera con recursos humanos y materiales.
Recordó que la Ley de Atención y Protección de los Sujetos Migrantes y sus Familias fue impulsada por Un Mundo una Nación, el Albergue La Sagrada Familia, Proyecto 3 y Cafami, organizaciones integrantes del Colectivo Por una Migración sin Fronteras.
Uno de los objetivos fue que se incluyeran todas las dimensiones de la migración que no estaban consideradas en leyes anteriores, la ampliación de derechos para quienes forman parte de este sector y sus familias, y un enfoque de género.
Después –resaltó-, en la LXIII Legislatura pasada se validó la modificación al artículo 15 del Código Civil del estado, para facilitar el registro de población extranjera, independientemente de su condición irregular.
Es decir –agregó- el reconocimiento de infantes mexicanos hijos de padres extranjeros, lo cual se extendió a matrimonios y fallecimientos; sin embargo, no ha sido publicada para que entre en vigencia y dejen de surtir efecto los artículos que se contraponen.
Mientras tanto, insistiremos en que ya se debe emitir el Reglamento de dicha legislación, porque desde que esta entró en vigor, todavía se carece de esta norma, pues mientras no exista para definir funciones y atribuciones específicas a cada una de las dependencias, “esto sigue siendo lo que queremos que sea y no lo que en los hechos puede ser”.
En foros de reflexión realizados con el Grupo de Trabajo en Política Migratoria, a principios de 2021, se retomó este asunto y la entonces diputada María del Rayo Netzáhuatl hizo un exhorto para atender este pendiente legislativo, mencionó.
Asimismo, el Colectivo pidió ser incluido en las acciones a favor de este sector, junto con otros actores, como la academia para aprovechar sus conocimientos sobre el tema, pero es algo “que sigue detenido”.
Dijo que por el momento, Cafami y el Grupo de Trabajo en Política Migratoria ya restablecieron el diálogo con la Legislatura actual, por lo que en la mesa se pondrá este punto y el de la creación de una Fiscalía para la Atención a Migrantes Víctimas de Delitos o al menos una mesa especial para que de inicio se les considere como tal.
Además –añadió-, se pedirá que haya parlamento abierto y que se incrementen los recursos para atención de este sector; pero, en general, que se trate con seriedad a esta temática porque “sigue estando ausente dentro de las prioridades”.
Lamentó: “Hasta ahora sigue pasando lo mismo que con la primera ley que nunca tuvo reglamento o con la posterior, que sí lo tuvo pero años después de su entrada en vigor”.