Es necesario y pertinente actualizar, mejorar y superar las contradicciones que existen en la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, con el fin de garantizar no solo su efectividad, sino el cumplimiento de los objetivos por la cual fue creada.
Además, en la reforma a dicha ley se debe incluir la violencia política de género, pero con protocolos específicos para atenderla, así como atender la necesidad de que toda medida legislativa esté acompañada de presupuestos específicos para el mejor funcionamiento de instituciones, como el Centro de Justicia para Mujeres que actualmente requiere de mayores recursos para operar.
Esos fueron algunos de los consensos que se pudieron advertir en el panel convocado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Tlaxcala, que conforman instituciones electorales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Este lunes, integrantes de este colectivo, junto con autoridades judiciales, universitarias y sociedad civil, realizaron un análisis sobre la norma, la cual fue creada hace dos sexenios.
Ahí, el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Luis Manuel Muñoz Cuahutle, titular de este observatorio, consideró necesario revisar la citada norma, pues “coincidimos en que, a más de 12 años de su publicación, es necesario someter al escrutinio público la eficacia de dicho ordenamiento jurídico, y de ese modo, escuchando la voz de las instituciones, así como de las destinatarias de la norma, tengamos la posibilidad de evaluar si la misma se encuentra a la altura que exige el contexto social actual”.
Abundó que si bien el simple análisis de la norma “no es la única alternativa para erradicar las conductas que atentan contra la mujer”, sí contribuye a propiciar mejores condiciones, incluida la actualización de las normas, para incidir en acabar las brechas que todavía existen entre mujeres y hombres.
“Consideramos que la actualización del marco legal representa un elemento fundamental en la consecución de los fines que persigue, pues constituye el instrumento de que dispone el Estado para materializar esta aspiración legítima que hoy nos convoca, garantizar a las mujeres una vida sin violencia, y como consecuencia de ello, transitar a escenarios en los que se dignifique su desarrollo tanto en el orden público, como privado”.
Y a pesar de que ya han pasado 12 años desde la expedición de la norma, “la realidad actual nos demuestra que las mujeres y niñas aún son altamente vulnerables a la violencia, la cual les produce secuelas que afecta a su vida, su integridad y su dignidad, en muchos casos, difíciles de superar; y por eso la importancia de que, en su atención, nos involucremos todos.
Por ello, hizo votos porque este tipo de foros sean el encuentro de las ideas, la propuesta y el llamado a la acción, contribuyan a “generar propuestas orientadas al empoderamiento de las mujeres y al pleno goce de sus derechos y libertades”.
En el panel, participaron el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Plascencia, quien, como sociólogo, consideró que cualquier ordenamiento debe considerarse como un documento vivo.
Sin embargo, estimó que México cuenta con leyes que son consideradas de avanzada y ejemplo a nivel mundial, pero “somos pésimos implementadores de las normas…hay cerrazón al momento de aplicar las leyes”,
Además, consideró que los mexicanos, como sociedad, tienen una deuda histórica con las mujeres por la violencia que se ha ejercido en contra de este sector, pues no se ha aprendido a lo largo de los años a respetar a las mujeres y generar condiciones de igualdad.
“La última ola que se ha tenido de reclamo de las mujeres inició a mediados de los años 70’s desde donde se tuvo la oportunidad de considerar a las mujeres como sujetos plenos de derechos, como personas iguales sustantivamente con los varones, pero esa oportunidad no se ha aprovechado y se siguen construyendo entornos de violencia; sin entendiéramos esto, sabríamos dónde trabajar para erradicar”, espetó.
El rector de la máxima casa de estudios del estado dijo que la discusión de estos temas, importan mucho a la academia y mediante esta discusión se haga llegar la iniciativa de reforma al Congreso del Estado para contar con un mejor ordenamiento.
Sin embargo, en el cónclave realizado en instalaciones de la UAT, fue evidente el desdén de los integrantes de la LXIII Legislatura local por escuchar y analizar el tema; de los 25 diputados locales solo acudió la legisladora del PAN, Leticia Hernández.
No obstante, el rector insistió que ante las condiciones actuales, “la justicia ya no es ciega, sino es una justicia de perspectivas que obliga a revisar temas como la de presunción de inocencia frente a la necesidad de tomar parte por la víctima cuando es integrante de una población históricamente vulneradas”.
Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez se pronunció a favor de modificar la legislación, pues reveló que esta contiene disposiciones que atentan contra los principios con presunción de inocencia, ámbitos de competencia y autoridades jurisdiccionales, lo cual, a la postre, dificulta o imposibilita la actuación de la justicia.
“Hay algunos aspectos que se contraponen con la legislación federal e incluso, con el Código de Procedimientos como en materia de órdenes de protección, porque no hay concordancia”, explicó.
Por ello, consideró que se requiere mayor presencia en los municipios de parte de las autoridades, además que la única forma para erradicar la violencia contra mujeres es judicializando los casos que se presenten, por ello, se prevé ampliar la presencia del Ministerio Público con agencias especializadas en San Pablo del Monte, Huamantla y Calpulalpan.
En tanto, agregó que la erradicación de la violencia en contra de la mujer se necesita que “las autoridades hagamos lo que nos corresponde y no echar culpas”.
Por esa razón, el Procurador destacó que la presente administración estatal visibilizó esta problemática, pues a través del Centro de Justicia para Mujeres emprendieron la atención de este sector.
Con esa visión, informó que se atendieron a 325 mujeres de los meses de agosto a diciembre de 2017, para el siguiente año aumentó a 680 y para el 2019 fue de 857.
Además, detalló que en el ámbito de procuración de justicia en el año 2018 se judicializaron 29 carpetas por violencia familiar, y para el 2019, 53 actos o acciones por este tipo de conductas.
Con relación al tema de feminicidios el procurador de justicia dijo que se han registrado 9 casos, tres de ellos con condena.
Por su parte, la ex presidenta del Poder Judicial del estado y magistrada, Elsa Cordero Martínez consideró que la falta la socialización de este tipo de temas y de cómo enfrentarlos, así como atenderlos, ha generado que la violencia contra las mujeres persista.
La jurista se pronunció porque las autoridades de los diversos niveles de gobierno atiendan y tomen como ejemplo la guía internacional en combate y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y que las experiencias locales sirvan para integrar una iniciativa para mejorar la norma, ya que “la revisión también requiere la transversalidad para generar datos que sirva en la toma de decisiones”.
Este fue el primer encuentro de tres previstos por estas agrupaciones que buscarán presentar las propuestas de adecuación y mejoras al marco normativo, a fin de erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.
En este primer panel también participaron la investigadora de El Colegio de Tlaxcala (Coltlax), Carolina Muñoz Canto; la directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; la representante en Tlaxcala de Nosotrxs por la Democracia, Eréndira Jiménez Montiel y la representante de la organización Mujeres con Poder, Yenny Charrez Carlos.
Al evento asistieron consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), magistrados del TET y alumnos y académicos de la UAT, así como la directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Angélica Zárate Flores.
Este fue el primer encuentro de tres previstos por estas agrupaciones que buscarán presentar las propuestas de adecuación y mejoras al marco normativo a fin de erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.