Por considerar que el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) no abordó el tema “de fondo”, la diputada panista Leticia Hernández Pérez advirtió que un grupo de 10 legisladores impugnará el fallo de los magistrados que declararon improcedente el procedimiento especial sancionador promovido en contra de otros congresistas por incurrir, presuntamente, en violencia política por razón de género.
En entrevista telefónica, la integrante de la LXIII Legislatura local expuso que aún se tiene una deuda histórica con las mujeres y que, por ello, seguirán “su lucha hasta las últimas instancias legales”, pues insistió que la sesión extraordinaria del pleno del 28 de mayo de 2020 se registró violencia política en contra de diputados.
“Creo que hay una confusión, pero respeto mucho a las autoridades locales que han hecho un esfuerzo, pero creo que en este nuevo modelo falta profundizar y trabajar, nosotros consideramos que no fueron considerados los planteamientos internacionales, pero somos respetuosas, pero vamos a proceder”, adelantó la legisladora.
De no haber cambios, dijo que la impugnación se presentará ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero adelantó que de ser necesario, que llegarán hasta las últimas instancias.
La panista apuntó que existen pruebas documentales de la violencia política que sufrieron al interior del Congreso local, toda vez que la ley en la materia prevé 22 conductas tipificadas como violencia.
De éstas, consideró la panista, al menos cinco se perpetraron el pasado 28 de mayo en contra de ella y de otras congresistas, como Irma Yordana Garay Loredo y María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, fueron separadas de los cargos que ostentaban.
“Pudiéramos entender que la interpretación da para muchas cosas, pero hay quienes no se quieren meter en el tema porque hay muchos intereses, porque hay un proceso electoral a la vuelta de la esquina y no quieren pelearse, pero nosotros seguiremos en la lucha a esta cadena impugnativa que las leyes nos marcan y permiten”.
De paso, insistió en que su destitución como coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) obedeció a un cobro de facturas o castigo porque promovió una serie de reformas para que las mujeres encabecen las listas plurinominales de los partidos políticos en los próximos procesos electorales.
Esas declaraciones se dan después que los magistrados del TET declararon improcedente el procedimiento especial sancionador promovido por un grupo de diputados locales en contra de sus homólogos a quienes habían denunciado por presuntamente incurrir en violencia política en razón de género.