El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del local, Jaciel González Herrera reconoció que la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Elena Macías ha incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de una regidora del ayuntamiento, Areli Badillo Guzmán, situación que podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
En entrevista, el legislador confirmó que existe conocimiento formal del conflicto al interior del cabildo, donde se ha documentado la presunta vulneración de los derechos políticos-electorales y laborales de una integrante del cuerpo edilicio, quien actualmente se encuentra en licencia por maternidad.
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“Es evidente que se lleva a cabo un acto muy claro de violencia política, en este caso quieren violentar sus derechos políticos y electorales. Me parece que es un tema delicado, toda vez que la regidora está en una condición de maternidad. Creo que se están cometiendo errores al aplicar este criterio”, expresó el diputado.
De acuerdo con González Herrera, el Congreso del estado ya recibió documentación enviada tanto por la presidenta municipal como por la regidora afectada y otros integrantes del cabildo. Si bien inicialmente fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado advirtió que la situación “va más allá” y podría ser competencia de otras autoridades.
Entre las instancias que podrían conocer del caso mencionó al Tribunal Electoral y al Tribunal de Justicia Administrativa, además de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, si el asunto escalara hacia un procedimiento de juicio político.
“Es un tema grave. La presidenta municipal se está extralimitando en sus funciones y eso podría tornarse en una situación más delicada… tendrán que asumir su responsabilidad. El municipio tiene autonomía, pero también está sujeto al cumplimiento de la ley”, agregó.
Los señalamientos contra la alcaldesa no son nuevos. En semanas recientes, un grupo de regidores del municipio de Lázaro Cárdenas denunció a la presidenta municipal, Elena Macías Díaz, por presuntos actos discriminatorios y de violencia política de género en contra de la quinta regidora, Areli Badillo Guzmán, a quien se le suspendió el salario desde octubre, pese a encontrarse en licencia de maternidad.
Regidores inconformes señalaron que se violó el artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que garantiza la percepción de remuneraciones durante el ejercicio del cargo, incluso en periodos justificados de ausencia.
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Además, recordaron que el artículo 432 Bis del Código Penal del Estado sanciona con prisión y multa a quien niegue recursos o prerrogativas en el desempeño del cargo a una mujer, y de manera expresa, a quien discrimine a una mujer embarazada para impedir su reincorporación.
El caso ya fue turnado al Congreso local y podría requerir intervención de la Comisión de Igualdad de Género y del Gobierno estatal ante la gravedad de las acusaciones.
González Herrera aseguró que el Poder Legislativo dará seguimiento puntual al procedimiento y reiteró que cualquier acto que limite los derechos de una mujer para ejercer su cargo es violencia política de género y debe sancionarse, porque “la ley es clara y no hay excepciones por cargo ni por colores políticos”.
