Más de 60 organizaciones, académicos y colectivos llamaron al gobierno federal y estatal a que el proyecto de saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac en la región Puebla- Tlaxcala no sea “un nuevo acto de simulación” y requirieron incorporar al estado de México.
Además, solicitarán al Congreso de la Unión establecer la figura de “entidad federativa envenenada” y que Tlaxcala sea declarada con esta categoría, junto con otras entidades.
Andrés Barreda Marín, investigador y profesor de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), remarcó que en el entonces
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, ahora elevado al rango de secretaría), se reconoció la existencia de 20 sitios de emergencia sanitaria ambiental en el país, pero que está región de Puebla (que incluye a Tlaxcala) , es considerada una de las más graves y que es la más estudiada.
Refirió que en esta área el Conahcyt invirtió cerca de 200 millones de pesos para diagnosticar, determinar los problemas y llevar a cabo la realización “de propuestas muy complejas de solución” para la atención de la Cuenca, sin embargo -resaltó-, nos preocupa que esto no se ha tenido en cuenta por la nueva secretaría”.
Durante un Encuentro Nacional, celebrado en instalaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, organizaciones, comunidades y académicos expusieron “la grave situación de toxicidad generada por procesos industriales, extractivos, agroindustriales y urbanos” en diversas zonas de la República mexicana.
Asimismo, en esta plenaria de pueblos y comunidades envenenadas, de la Red de Comunidades de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C. y de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, se elaboró una agenda de trabajo que permita la denuncia, gestión colectiva de conflictos y la incidencia para una atención integral de este problema en el país.
Por ello, entre otras cosas, exigieron poner un alto definitivo a la mercantilización y comercialización de los bienes naturales y culturales,
especialmente de la montaña La Malinche, para que se cancele el proyecto turístico “destructivo” llamado ‘Ecoparque Tlalli”, impulsado en Puebla.
Requirieron la cancelación de todos los proyectos de transferencia de agua en bloque entre cuencas, “porque destruyen los territorios y alteran los flujos superficiales y subterráneos de agua, permitiendo la mayor concentración de contaminantes”.
También, que en el caso del Alto Atoyac haya una participación de comunidades, colectivos, organizaciones afectadas, científicas y científicos que han documentado la situación y presentado propuestas para su atención integral.
Retomar la información generada durante el sexenio pasado a través de los Proyectos de investigación e incidencia (Pronaiis) del Conahcyt; que el saneamiento se realice con perspectiva de cuenca, es decir, en todos los 52 municipios de Tlaxcala, tres del estado de México y 23 de Puebla y que en el plan incluya el control de agentes tóxicos y cancerígenos no sólo presentes en el agua sino también en el suelo y aire.
Además, que se prevengan y atiendan las enfermedades de las personas y comunidades afectadas, desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica de los procesos de salud-enfermedad en materia ambiental y ocupacional, entre otras exigencias.
Durante este Encuentro Nacional, las y los participantes dejaron en claro que además de la devastación ambiental, “hemos sido despojados de nuestras tierras, costas, aguas y aires limpios, mediante decisiones gubernamentales que las ofrecieron como sumideros, espacios y ecosistemas destruibles, como parte de la negociación de los tratados de libre comercio, que incluso los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido hasta ahora incapaces de frenar o revertir”.
