Como resultado de las luchas feministas, colectivos, activistas y grupos de defensoras de los derechos de las mujeres de manera permanente se han logrado avances para los derechos humanos de las mujeres, como la instalación de instituciones y mecanismos especializados para la atención, prevención, sanción y erradicación de las diversas expresiones de violencia contra las mujeres; el funcionamiento adecuado de éstas ha implicado un marcaje cercano de las organizaciones de sociedad civil que, en muchos de los casos, hemos tenido que evidenciar la falta de voluntad política para garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia.
A nueve años de la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 1 de junio de 2009, la cual se impulsó con el objetivo de coordinar las acciones a nivel federal y local, enfrentar la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a la justicia, a la fecha la protección y garantía de los derechos de las mujeres no ha sido una prioridad de Estado. Contrario a ello, la agenda de las mujeres ha quedado en el desamparo, poniendo en riesgo la vida e integridad de niñas y mujeres a lo largo y ancho del país. Irresponsablemente, las políticas públicas en la materia han sido reducidas al discurso y no a la implementación real, que impacte de manera positiva en la vida de las mujeres mexicanas.
Actualmente, 18 de las 32 entidades federativas, es decir, el 56 por ciento del territorio nacional, se encuentra formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), siendo los estados de mayor preocupación: Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el Estado de México, de acuerdo con la información oficial obtenida por el OCNF.
Asimismo, otros tres estados se encuentran en espera de la resolución de la Secretaría de Gobernación (Segob) para la declaratoria o no de la AVG.
Cabe mencionar que nueve estados más solicitaron la declaratoria de AVG, pero ésta les fue negada. Entre ellos se ubican estados con alto índice de criminalidad como Tlaxcala, en donde organizaciones de la sociedad civil hemos documentado la prevalencia e incremento de feminicidios, desaparición de mujeres y niñas, y la vinculación de muchos de estos casos a otros delitos como la trata de personas.
Constantemente hemos dado cuenta de las omisiones, opacidad e irregularidades que se observan desde las instituciones para atender de manera adecuada las violencias que viven las mujeres en el estado, hemos insistido no sólo en la urgencia de modificar las prácticas de violencia institucional, sino en las obligaciones que tiene el Estado de generar estrategias para que las brechas de género disminuyan y se garantice así la igualdad entre mujeres y hombres.
Este trabajo de observancia e incidencia no ha sido un esfuerzo unilateral, sino que implica la organización de diversas miradas de agrupaciones con verdadero compromiso y voluntad para generar y sistematizar información que muestre las realidades que vivimos las mujeres y los impactos que implica el mantener estas condiciones; lo que nos ha llevado a unir fuerzas para impulsar cambios estructurales a nivel nacional. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha sido una red desde la cual hemos logrado incidir de manera importante, y es desde este conjunto de organizaciones que nos hemos pronunciado de forma concreta por un adecuado actuar de autoridades e instituciones, las cuales no están dando solución a la grave situación de violencia feminicida que se vive en todo el territorio nacional.
En el caso concreto del mecanismo de Alerta por Violencia de Género, desde el OCNF hemos insistido que la claridad en la evaluación de los logros, avances y obstáculos, permitirá reconocer, apuntalar e impulsar aquellas medidas claves para seguir avanzando en la erradicación de la violencia feminicida. Será además un punto de partida para establecer estrategias consistentes y sistemáticas para recabar avances y retrocesos en la implementación de la Alerta que pueden servir a otros estados.
Por otra parte, a pesar de que la Conavim es el ente rector de la Secretaría de Gobernación para la coordinación y seguimiento de las acciones de las entidades federativas en el marco de las AVG, a tres años y medio de que se declarara la primera AVG, esta dependencia no ha desarrollado la metodología de seguimiento y evaluación de las medidas implementadas por los estados, la cual debe contar no solo con indicadores de resultado, sino de impacto, corroborar la efectividad de las acciones y valorar su fortalecimiento, con el fin de disminuir los altos índices de violencia feminicida en el país.
Recordando las responsabilidades que el Estado mexicano ha contraído a nivel nacional e internacional para erradicar las alarmantes expresiones y cifras de violencia contra las mujeres, lo obligan a contar con una estrategia metodológica rectora de las acciones, funcionamiento y evaluación de todas y cada una de las AVG, como lo recomendó en julio de 2018 el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (Comité Cedaw) en el marco de la 9a evaluación a México.
Ante el lamentable papel desempeñado por la última titular de la Conavim y el inminente nombramiento de una nueva titular, exhortamos al gobierno federal para que a la brevedad dicho espacio sea ocupado por una mujer experta y comprometida en la materia, que sepa construir consensos que favorezcan la adecuada implementación del mecanismo de AVG, que esté a la altura para enfrentar la problemática de violencia feminicida que existe en el país y que pueda ser garantía de un avance sustancial en los rezagos que gobiernos anteriores han mantenido con las mujeres en México.