En el Senado de la República se aprobó la reforma en materia de igualdad sustantiva de las mujeres, que busca reconocer el derecho a la igualdad sustantiva en la Constitución Política federal, eliminar la brecha salarial, establecer medidas de protección ante la violencia de género contra las mujeres, crear fiscalías especializadas en delitos por razón de género contra las mujeres, erradicar la violencia económica y patrimonial, proteger a niñas, niños y adolescente ante la violencia vicaria y crear el Registro Nacional de Medidas de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia.
Lo cual, en la letra pareciera representar un gran avance legislativo; sin embargo, el gran reto y el mayor desafío es que ésta y la demás legislación aprobada previamente tenga vigencia y se aplique en el día a día para que las mujeres de todas las edades realmente hagan efectivo su derecho a vivir libres de violencia.
Muy poco se puede avanzar si no se transversaliza la perspectiva de género en los tres poderes del Estado, a nivel federal, estatal y municipal, sino se garantiza el andamiaje institucional para que toda la legislación en materia de derechos humanos de las mujeres se afiance, si no se tiene un presupuesto público con perspectiva de género bien etiquetado y mejor ejercido; si no se sanciona a las y los funcionarios públicos que obstaculizan el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia de las mujeres y si no se cambia a una cultura institucional con perspectiva de género que realmente transforme la conciencia de las y los tomadores de decisiones y dejen de discriminar y violentar a las mujeres en el interior y exterior de las instituciones, y se generan condiciones laborales de igualdad y no discriminación para las mismas.
Es necesario seguir exigiendo que se aplique la reforma constitucional #3de3VsViolencia porque aún existen muchas personas, en una gran mayoría hombres, ejerciendo un cargo por elección y designación que son deudores alimentarios, violentadores familiares y acosadores sexuales. Es necesario que las mujeres que han llegado por el principio constitucional de paridad tengan capacidad de agencia y realmente ejerzan poder con perspectiva de género, para feminizar así la política.