La corrupción y la impunidad también se observan en el servicio de transporte público y las autoridades competentes brillan por su ausencia.
La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Tlaxcala (SMyT) se encarga de regular el transporte público en el estado y garantizar la seguridad de las y los usuarios según lo informan en su sitio web. Sin embargo, su ineficiencia se observa tras los hechos que arrebataron la vida a un joven de la comunidad de Acuitlapilco en el que una unidad de la línea Flecha Azul se vio involucrada y otra fue incendiada.
En lugar de que la representación legal y los concesionarios se presenten para deslindar responsabilidades ante la justicia, han optado por modificar de motu proprio su ruta Puebla-Tlaxcala y han decidido que la parada final sea el crucero de San Juan Huactzinco, afectando a miles de personas usuarias.
Esto bajo la complacencia de la SMyT, porque es evidente que no existe un estudio que avale este cambio de ruta, que más bien se busca evadir el paso por Acuitlapilco y apostar por el aquí no pasó nada y pronto se olvidará. Es reprobable que el conductor se diera a la fuga, pero también que fuera incendiada una unidad de la misma línea bajo la excusa de buscar justicia.
Si existen los elementos para determinar la responsabilidad del conductor que se dio a la fuga, lo propio sería que sea sancionado conforme a la ley y quitarle la concesión a quien ostenta la propiedad de la unidad, lo que sería una gran advertencia para quienes viven de este negocio.
La actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), es fundamental porque existe una justa indignación cuando las autoridades desatienden sus obligaciones y solapan a quienes son culpables, pero también cuando castigan a inocentes.
La impericia de un gran número de personas conductoras se suma al hecho de que existen una serie de irregularidades como la colocación de puestos en la vía pública obstaculizando los caminos y sí, también la imprudencia de peatones, ciclistas y motociclistas, que se multiplican por la ausencia de regulación, inspección, supervisión y vigilancia del servicio de transporte en sus diversas modalidades, sus servicios conexos y a los prestadores de los mismos, lo que es tarea de la SMyT.