Viernes, junio 14, 2024

Pueblos indígenas exigen ser consultados para reforma electoral; advierten impugnación

Presidentes de comunidad reprocharon que pese a la reforma electoral que se proyecta, los pueblos indígenas aún son ignorados por parte del Congreso local y funcionarios, pues a la fecha no han sido consultados para la elaboración de iniciativas en esta materia, como la asignación de diputaciones a este sector, por las que tanto han pugnado.

Incluso, advirtieron que de aprobarse alguna normatividad sobre las comunidades originarias, sin ser tomados en cuenta, recurrirán a los tribunales para buscar su invalidación. Además, se opusieron a las proposiciones de eliminación de la elección de autoridades a través del sistema de usos y costumbres, mediante la cual se rigen 94 localidades en la entidad.

Juan Cocoletzi Conde, presidente de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, exigió al Congreso del estado y al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) que no discrimine a las poblaciones indígenas “que en la Constitución local no existimos”.

Realzó que en esta localidad se toman decisiones en asamblea, por lo que puede realizar una propuesta, como la de “tener representación” en el Poder legislativo. “Lamentablemente han tomado determinaciones unilaterales que nos afectan en costumbres y en la cultura. Sin una participación en estos temas nos encontramos en desventaja”.

A finales del año pasado se tuvo conocimiento que hubo un planteamiento para desaparecer las elecciones por el sistema de usos y costumbres, lo cual “sería un error, porque con esta organización que tenemos siempre estamos por arriba del progreso de partidos políticos, pues no se hace campaña, ninguna operación, ni hay compromisos con nadie; el voto es libre y secreto; se ahorra dinero y se llega a trabajar en beneficio de todos”.

Refirió que más de 50 por ciento de personas considera que es viable mantener este mecanismo “porque no se afecta al erario; es un ahorro de 100 por ciento”.

Por su parte, Crispín Pluma Ahuatzi, presidente de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, comentó que el pasado viernes estuvo atento a la sesión del ITE, transmitida en plataformas digitales, y que conoció que existe una propuesta de reforma electoral en materia de pueblos indígenas, aunque no ha quedado claro el sentido.

Consideró que es bueno que haya iniciativas, “pero –enfatizó– deben consultarnos”, porque al no hacerlo se violan derechos. “¿De qué se trata, hay democracia o no en Tlaxcala?… desgraciadamente este tema lo dejan en el olvido”.

Demandó la consulta a los pueblos que se rigen por usos y costumbres, “pues nos están discriminando, nos imponen cosas sin preguntar si estamos de acuerdo, ellos no viven acá. Nosotros no estamos en las normas político-electorales del estado, nada más andamos divagando como un arrocito negro en el estado”.

Aseveró que la reforma debe garantizar la representación de estas comunidades ante el Consejo General del ITE, así como la tienen los partidos políticos. Requirió respeto a derechos indígenas como lo ordena el artículo 2 de la Constitución federal.

Diputados tienen oportunidad de hacer un ejercicio serio: especialista 

En torno a este caso, la investigadora Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani también anticipó que de concretarse una reforma en materia electoral referente a pueblos originarios sin una consulta a estos, corre el riesgo de venirse abajo tras la impugnación por parte de quienes se consideren afectados y ser declarada inconstitucional.

Realzó que en el estado hay localidades “que están adquiriendo conocimiento claro sobre sus derechos y estamos viendo una ‘brecha de implementación’ entre la práctica por parte de las autoridades y lo establecido en la ley”.

Es decir, el Estado no hace efectivos los derechos de este sector y en Tlaxcala esa brecha “es abismal”, de ahí que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de hacer cumplir el marco jurídico internacional y es lo mismo para las autoridades de cualquier nivel.

“Por eso me parece que es una oportunidad que el Congreso local haga un ejercicio serio apegado a los más altos estándares internacionales de consulta previa, con la ayuda de expertos locales y nacionales que con gusto pueden asesorarlo”, a fin de llevar la información necesaria a las comunidades nahuas y otomíes o las que se rigen por asambleas; de lo contrario, habría una violación a los derechos colectivos.

Puntualizó que hay dos tratados internacionales “muy importantes” vigentes sobre los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, que son la Declaración de las Naciones Unidas, del año 2007, y el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se plasma el derecho a la consulta, con elementos claros.

Se establece que dicha deliberación debe ser libre, previa e informada. Debe realizarse cada vez que el gobierno, de cualquier nivel, o alguno de los poderes, lleven a cabo acciones, proyectos, programas o emisión de leyes en las que este sector pudiera ser afectado; además, existe jurisprudencia en el sentido de que debe ser culturalmente pertinente.

También se indica que la consulta debe efectuarse a través de las instituciones propias de las comunidades para toma de decisiones, que en el caso de Tlaxcala generalmente es la asamblea del pueblo, a fin de discutir de manera interna el asunto y conteste si da o no su consentimiento así como los términos o propuestas.

Los estándares internacionales señalan que este ejercicio debe realizarse de buena fe y que sea un mecanismo de injerencia directa, con voz y proposiciones.

Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado diversas sentencias de declaración de inconstitucionalidad de reformas legales y de proyectos, debido a la falta de consulta previa.

Un ejemplo reciente es el del estado de Hidalgo, donde hubo modificaciones a una ley sin haber consultado adecuadamente a comunidades indígenas de esa entidad. En el caso de Sonora se frenó el proyecto de un acueducto que afecta a la tribu Yaqui, a la cual nunca se le pidió su opinión, anotó.

En Tlaxcala hay diversos temas relativos a los derechos político-electorales colectivos de pueblos indígenas, en los cuales es necesario legislar, para armonizar el marco jurídico local con el federal e internacional, pero con previa consulta, expuso.

Dentro del estado no hay oficialmente distritos electorales indígenas, nahuas y otomíes, a pesar de que existen jurisdicciones donde la mayoría de comunidades se rigen por asamblea y, por tanto, deberían proponer a su diputado o diputada por la vía de su sistema normativo y no por partidos políticos.

Lo conveniente es que esas comunidades originarias sean consultadas para que elijan a sus representantes populares y que sean respetados tanto su decisión como el mecanismo usado. Sin embargo –observó–, de poco serviría la declaración de distritos indígenas “si las legisladoras y legisladores siguen llegando por la vía de partidos, pues no habría ningún cambio real”.

Recordó que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que hacer una interpretación conforme a un artículo de la Ley Municipal del estado que establece que el ITE debe estar presente cuando las comunidades nombren a sus autoridades.

Pero esa disposición contradice a la Constitución y a los tratados internacionales, sin embargo, el TEPJF no la declaró inconstitucional y definió que el ITE debe acudir solamente si ese pueblo lo pide, de lo contrario, en su ejercicio a la libre determinación y autonomía, puede celebrar su asamblea y dar a conocer a quién nombró, dijo.

Ante este tipo de “detalles” sería conveniente que se revise la legislación local para que no haya normas “antiautonómicas” y aun sin reforma, con el simple hecho de aplicar la Constitución  y los tratados se puede respetar los derechos de estas comunidades.

Aunque –acentuó– en el caso de la elección de diputadas y diputados por la vía de asamblea, sería conveniente una modificación a la ley “para que quede claro”; de no ser así, el Estado va a permitir que siga el proceso electoral por partidos, situación que generaría un choque entre dos pretensiones.

“Por ello es importante estudiar el tema y escuchar a las comunidades, no solo a las que se autoadscriben indígenas sino a las 94 que se rigen bajo un sistema normativo propio”.

Parastoo Anita Mesri lamentó que en los últimos cuatro años Tlaxcala “no hizo nada” para discutir reformas que generen una participación política mayor de estos pueblos en las diputaciones, ni en el reconocimiento de distritos electorales indígenas, por ejemplo.

La también investigadora de este tipo de temas en la entidad y actual funcionaria de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, comentó que en caso de que se venzan los plazos para realizar modificaciones a la legislación, habría tiempo para trabajar con más calma en esta materia, a fin de aplicar la nueva normatividad en las elecciones posteriores a las de 2021, pero insistió en que la consulta a estas comunidades “es piedra angular”.

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