El gobierno del estado publicó este miércoles 12 de marzo la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala en el Periódico Oficial, la cual facilita la resolución de conflictos entre ciudadanos de una manera más ágil, al lograr un acuerdo a través del arbitraje, la conciliación, la mediación, la negociación y la negociación colaborativa, tanto en el ámbito público como en el privado.
Esa resolución de controversias se logra en un ambiente pacífico, sin necesidad de acudir a los tribunales, al alcanzar convenios que se registran de manera oficial y que adquieren el carácter de cosa juzgada, aunque éstos se pueden modificarse si cambian las circunstancias.
La ley, además, reconoce derechos específicos para diversos grupos de la sociedad, como los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas y las niñas, niños y adolescentes, a quienes se les garantiza el acceso a la información, el respeto durante el proceso y la posibilidad de revisar los acuerdos.
Para lograr los convenios, esta legislación establece la figura de facilitadores, que son los encargados de presentar una alternativa de solución como especialistas, debidamente certificados ante el Poder Judicial.
También determina responsabilidades y posibles sanciones a facilitadores y abogados que no cumplan con sus obligaciones, con lo que se garantiza la integridad y eficacia del proceso.
Uno de los puntos prioritarios de la ley, es que los mecanismos alternativos pueden efectuarse de manera presencial, en línea o en forma híbrida. En la modalidad en línea se destacan aspectos como la transparencia, el uso de contratos inteligentes y la colaboración abierta.
Otro de los componentes clave es la justicia restaurativa, orientada a reparar daños, restaurar relaciones y fomentar la responsabilidad entre las partes, en la que se pueden incluir procesos terapéuticos y la participación de especialistas.
Por lo que toca al ámbito administrativo, la ley se aplica tras evaluar la viabilidad del conflicto, excluyendo el arbitraje en esta materia, y se establece la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para certificar facilitadores y gestionar centros regionales.
Destaca que los Centros Públicos Regionales servirán para ayudar a resolver problemas legales de manera más fácil y rápida, cuyo trabajo es ofrecer información gratuita sobre cómo resolver conflictos sin ir a un juicio, ayudar a las personas a solucionar sus problemas legales y recolectar datos sobre si estos métodos realmente funcionan bien.
El Congreso del estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad esta ley, presentada por Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, el pasado 12 de enero, como parte de la armonización del marco jurídico local con la legislación federal vigente.