La iniciativa para sancionar la producción y difusión de contenido íntimo sexual, generado o manipulado con Inteligencia Artificial (IA), responde a un fenómeno creciente de violencia digital que vulnera la intimidad, la dignidad y la seguridad de las mujeres y de otros grupos en situación de mayor riesgo, aseveró la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer.
De esta manera, se pronunció en torno a la propuesta legislativa presentada por la diputada local panista, Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, para reformar el artículo 295 Bis del Código Penal del Estado de Tlaxcala.
Señaló que la iniciativa es consistente con el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual reconoce y sanciona la violencia digital y obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar.
“La evidencia disponible muestra, además, que la mayoría de los deepfakes (videos, audios o imágenes sintéticos creados con IA que muestran a personas diciendo o haciendo cosas que en realidad nunca sucedieron) de carácter sexual tienen como blanco a mujeres, lo que exige respuestas con enfoque diferenciado e interseccional”, enfatizó.
La ombudsperson del estado acentuó que la iniciativa representa “un paso necesario para enfrentar formas emergentes de violencia sexual” facilitadas por tecnologías de inteligencia artificial.
Por tanto, puntualizó que su “aprobación y puesta en marcha deben ir acompañadas de definiciones normativas precisas, garantías de debido proceso, mecanismos de prevención y atención integral y una implementación con enfoque de género e interseccionalidad”.
Ello -subrayó-, a fin de proteger efectivamente los derechos a la dignidad, intimidad, honra y libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres.
El pasado martes, Miriam Martínez, diputada panista, presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa de adición al Código Penal de Tlaxcala para sancionar el uso indebido de herramientas de IA y la generación de imágenes, audios o vídeos manipulados digitalmente, conocidos como deepfakes, que contengan contenido sexual o íntimo sin consentimiento.
Planteó la imposición de tres a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien incurra en ese tipo de manipulaciones.
Estas penas se aplicarían a quien “mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial, técnicas de manipulación digital o cualquier otro medio análogo, simule, altere, genere, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios o videos de contenido íntimo o erótico-sexual, reales o ficticios, con apariencia de veracidad, sin el consentimiento previo, libre, específico e informado de la víctima, aun cuando ésta no haya participado materialmente en su elaboración”, según la iniciativa.
