El grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (Panalt) propuso reformar el Código Penal local para establecer penas de hasta 66 años de prisión a quien cometa el delito de homicidio en contra de una persona trabajadora de la educación, cuando éste se haya consumado en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Además, propusieron establecer penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quienes presenten denuncias basadas en hechos falsos o inexistentes en contra de los trabajadores de la educación.
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La actual legislación penal local establece que “a quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión y multa de mil 440 a 3 mil 600 Unidades de Medida y Actualización” y el planteamiento de los legisladores de Nueva Alianza es que la pena máxima se incremente hasta una tercera parte si el delito es cometido en contra de alguna persona del sector educativo.
La propuesta, que fue presentada por los diputados Engracia Morales Delgado y Bladimir Zainos Flores, quienes advirtieron que la violencia contra maestros y personal del sector educativo ha dejado de ser un fenómeno aislado y se ha convertido en un problema que amenaza tanto la integridad de los docentes como el correcto funcionamiento de los planteles escolares.
Los legisladores también plantearon la incorporación de agravantes para el delito de lesiones contra trabajadores de la educación, así como sanciones que van de seis meses a dos años de prisión y multas de 100 a 300 UMAs para quienes presenten denuncias falsas en contra de maestros o personal administrativo.
En estos casos, la sanción se elevaría hasta en una mitad cuando la persona denunciada sea servidor público o trabajador de la educación y, a raíz de ello, haya sido suspendido o cesado de sus funciones.
“En los centros educativos se presentan un sinnúmero de casos de denuncias basadas en hechos falsos o inexistentes, argumentos dolosos que tienen como finalidad dañar la reputación y el prestigio de las y los trabajadores de la educación, lo que además afecta su integridad profesional y emocional”, señaló Morales Delgado al dar lectura a la propuesta durante la sesión de este jueves.
Aseguraron que el objetivo de la enmienda es generar un marco jurídico que brinde certeza, respaldo institucional y protección integral a los docentes, sin restringir el derecho legítimo de las personas a denunciar conductas indebidas. “Lo que buscamos es que la justicia sea pronta y expedita, y que se sancione el dolo cuando se utilicen denuncias como un instrumento de intimidación o venganza”, enfatizaron.
Explicaron que la presentación de esta iniciativa surge a raíz del homicidio doloso de un profesor de nivel medio superior y superior, quien fue privado de la vida presuntamente por un estudiante y su madre, un crimen que sacudió a la opinión pública y generó indignación en la comunidad educativa.
“Este caso no puede quedar en la impunidad ni en la injusticia. Los responsables deben ser castigados con todo el peso de la ley. Más aún, debe ser motivo de reflexión como padres de familia y de actuación inmediata como autoridades, para evitar que se repitan crímenes de esta magnitud”, subrayó la también maestra de profesión.
Detalló que el propio secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses, reveló recientemente que durante el último ciclo escolar se documentaron más de 90 casos de agresiones directas contra docentes en Tlaxcala, una cifra que refleja la dimensión de un fenómeno que, según los diputados, también se reproduce a nivel nacional.
En la exposición de motivos, explicó que las escuelas deben ser entornos de paz que favorezcan la formación integral de la niñez y la juventud, pero en la realidad se han convertido en espacios donde la violencia se manifiesta en diferentes formas: desde agresiones verbales y casos de acoso escolar, hasta ataques físicos contra profesores y administrativos.
“El docente es insustituible. Son los maestros quienes logran que los estudiantes desarrollen sus capacidades, descubran sus fortalezas y construyan valores para la vida en sociedad. Pero en lugar de valorar su papel, la sociedad ha ido debilitando el reconocimiento a su labor”, sostuvo ante integrantes de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que acudieron a la plenaria de la LXV Legislatura local.
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La diputada recordó que hoy en día, además de la violencia física, los docentes enfrentan nuevas formas de hostigamiento, especialmente a través de las redes sociales, donde son víctimas de difamación y amenazas que afectan su reputación y estabilidad emocional.
La bancada de Nueva Alianza argumentó que la legislación penal tlaxcalteca carece de preceptos específicos que reconozcan y sancionen la violencia contra los trabajadores de la educación, de ahí que “es nuestro deber como legisladores adecuar el marco jurídico y dotar de instrumentos legales a los docentes para que puedan desempeñar sus funciones con seguridad y certeza”.
La propuesta también invoca criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que principios como la presunción de inocencia y el debido proceso deben observarse en cualquier procedimiento que pueda afectar la vida, el patrimonio o la reputación de las personas.
“Los docentes no solo transmiten conocimientos, también inculcan valores como la tolerancia, el respeto y la responsabilidad social. Por eso resulta indispensable protegerlos frente a agresiones físicas, verbales y jurídicas, y garantizar que su labor se desarrolle en condiciones de dignidad y respeto”, afirmó la congresista.
