A efecto de involucrar a los órganos de control interno de los entes públicos en los procesos de entrega–recepción de servidores públicos, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zonia Montiel Candaneda presentó al pleno del Congreso una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Entrega–Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
En su exposición de motivos, refirió que el objetivo principal de la entrega–recepción en la administración pública es y será garantizar el suministro oportuno, adecuado y completo de información sobre los asuntos del ente público al servidor público entrante, para que éste tenga los elementos necesarios para el correcto y eficaz desempeño de las funciones que ejercerá.
“Si la entrega–recepción se realiza eficientemente y conforme lo señalan los preceptos legales, se facilitará el relevo de las responsabilidades que genera el quehacer público. Es por esta razón que cobra especial importancia que durante todos estos trabajos, además de contar con el acompañamiento y asesoría del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en cada ente público se cuente con el respaldo y seguimiento que a estos trabajos realizados por la autoridad saliente, brinde el órgano interno de control, de tal suerte que esta instancia funja como el ente responsable de verificar el cumplimiento de la Ley de Entrega–Recepción, así como de la normatividad reglamentaria y de los lineamientos que al efecto se emitan. Todo ello en aras de hacer más dinámico, efectivo y transparente el acto de entrega–recepción”, detalló.
Montiel Candaneda agregó que la participación e intervención del órgano de control interno coadyuvará para hacer más dinámicos, transparentes y eficientes los procesos de entrega–recepción.
Además, propuso que el OFS tenga reconocida la facultad de investigación y substanciación del procedimiento para imponer sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas que se cometan durante los procedimientos de entrega–recepción. Por lo que una vez hechas las investigaciones y la sustanciación del procedimiento, será el órgano interno de control o el Tribunal de Justicia Administrativa, según corresponda, el ente responsable de imponer la sanción al servidor público que con sus actos u omisiones, impida, obstaculice o retrase el proceso de entrega–recepción.
De igual manera, “con la presente iniciativa se busca armonizar los términos y conceptos empleados dentro de la Ley de Entrega–Recepción estatal con relación a las de otros ordenamientos legales de orden general o local. Así las cosas, se sustituye el término de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, que actualmente prevalece en la ley, para en su lugar hacer referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo se sustituye la referencia hecha a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios para, en lo sucesivo, referirse a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Finanzas y Fiscalización y a la de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.