El diputado morenista David Martínez del Razo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal con la que busca endurecer el combate al delito de extorsión, con la creación de la Unidad Especializada de Atención a los Delitos de Extorsión , además de establecer hasta nueve años de prisión a quienes incurran en cobros extrajudiciales por préstamos.
La propuesta se sustenta en la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 9 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, que facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de extorsión, con la finalidad de homologar tipos penales, sanciones y reglas de investigación en todo el país y romper la dispersión normativa que por años debilitó el combate a este delito.
En ese contexto, el legislador recordó que el 28 de noviembre de 2025 fue publicada la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece la persecución de oficio de este delito por parte de las fiscalías federales y estatales, además de fijar un tipo penal uniforme de aplicación obligatoria en las entidades federativas.
Desde tribuna, Martínez del Razo explicó que Tlaxcala tiene la obligación legal de armonizar su marco normativo en un plazo máximo de 180 días, conforme a los artículos transitorios de la Ley General, por lo que su iniciativa plantea derogar los artículos 268 al 270 Ter del Código Penal local, que regulaban de forma independiente la extorsión, para dar paso a la aplicación directa de la norma general.
Uno de los ejes más relevantes de la propuesta es la incorporación del delito de extorsión, conforme a la Ley General, al catálogo de delitos previsto en el artículo 434 del Código Penal estatal, así como la creación de un nuevo tipo penal denominado “requerimiento extrajudicial ilícito de pago”, dirigido a perseguir prácticas como los préstamos “gota a gota”, el agiotismo y los créditos informales con métodos de cobro intimidatorios.
Esta nueva figura, prevista en el artículo 283 Ter 2, contempla penas de uno a siete años de prisión y multas 5 mil a 8 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quienes otorguen préstamos sin autorización legal aprovechándose de la necesidad o vulnerabilidad de las personas. La pena se incrementará hasta una tercera parte de la sanción cuando se empleen amenazas, intimidación o medios coactivos, lo que en los hechos podría llevar las penas hasta el umbral de nueve años de cárcel.
La iniciativa también propone reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para crear una Unidad Especializada de Atención a los Delitos de Extorsión, que deberá integrarse en un plazo no mayor a 90 días hábiles y contar con personal capacitado, evaluado y certificado.
Martínez del Razo subrayó que el objetivo es cerrar espacios de impunidad, fortalecer la persecución penal y proteger a las víctimas, facilitando incluso las denuncias anónimas a través de la línea 089. La iniciativa fue turnada a comisiones, en un contexto en el que la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad para la población tlaxcalteca.
