Con la finalidad de garantizar las sanciones correspondientes a quien incurra en el delito de feminicidio, la diputada de Morena, María Guillermina Loaiza Cortero propuso al pleno del Congreso local, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Garantiza el Acceso a Mujeres a una Vida libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala y al Código Penal.
La medida, explicó durante la sesión ordinaria de este martes, es con el fin de visibilizar la violencia desmedida ejercida en contra de las mujeres que parte de la rabia y el odio y que ha cobrado vidas de personas de este sector de la población.
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La legisladora explicó que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado.
“Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas”.
Destacó que su propuesta surgió a partir de la necesidad de consagrar en la legislación local todas aquellas recomendaciones, criterios nacionales e internacionales sobre derechos humanos, emitidos en la materia y las características comunes identificadas en las conductas feminicidas
Por ello, propuso clarificar diversas acciones y conductas para sancionar hasta con 60 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio y sobre todo, cuando el cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, exhibidos, depositados, arrojados, enterrados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia.
Además, propuso que el servidor público que, tratándose de la muerte violenta de una mujer, omita iniciar la investigación como probable feminicidio, filtre información, fotos, videos o evidencias de la investigación, retarde, obstaculice o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La propuesta de la diputada Loaiza Cortero fue remitida a comisiones unidas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a fin de que sea sometida a su posible aprobación por parte del pleno de la LXIV Legislatura local.