La diputada perredista Yamili Flores Lozano presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Tlaxcala para sancionar la incompetencia, negligencia y falta de pericia de los servidores públicos obligados a procurar e impartir justicia, que por su deficiente trabajo en la integración de las carpetas de investigación, permiten que muchos presuntos feminicidas y responsables de violencia contra las mujeres hoy en día se encuentran libres y en total impunidad.
La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la sesión ordinaria de este jueves de la LXIII Legislatura local, y también plantea sanciones de índole penal a aquellos servidores públicos que no procuren ni impartan justicia con perspectiva de género.
La propuesta es para reformar los artículos 229 y 229 Ter; derogar los artículos 229 Bis y 230 Bis; y adiciones a los artículos 231 Bis, la fracción XI del artículo 193, adición del artículo 193 Bis, y las fracciones XII y XIII al artículo 188 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
De acuerdo con la exposición de motivos, que sustentó en instrumentos internacionales, normas nacionales y locales y estudios hechos por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, Flores Lozano expuso que la incompetencia, negligencia y falta de pericia de los servidores públicos obligados a procurar e impartir justicia ha permitido que se manipulen las cifras exactas de feminicidios, pero sobre todo que exista impunidad de los perpetradores de esos actos de violencia.
“En efecto, en el periodo del 2012 al 2018, las fiscalizas estatales reportaron oficialmente 3 mil 56 feminicidios. Sin embargo, a partir de las mismas solicitudes de información de Mexicanos Contra la Corrupción, se contabilizaron en ese mismo periodo 2 mil 646 casos más de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilización; y cuyas muertas no fueron reconocidas como feminicidios”, refirió.
Ante ello, la legisladora propuso que se sancione con cinco a 15 años de prisión, y de 500 a mil quinientos Unidades de Medida y Actualización, además será destituido e inhabilitado para ejercer por un periodo de diez a quince años contados a partir de su separación al servidor “que interviniendo en una carpeta de investigación, en cualquier etapa de la misma, no solicite, ordene y realice en tiempo y forma, todas y cada una de las diligencias a las que está obligado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que resulten idóneos y necesarios para acreditar la participación y responsabilidad penal del imputado de un delito”
Además, “al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil quinientas Unidades d Media y Actualización, además será destituido e inhabilitado por un periodo de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
En la misma sesión, el diputado panista Omar Milton López Avendaño presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del Artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala en materia laboral burocrática.