La diputada Alejandra Ramírez Ortiz presentó al pleno del Congreso local la iniciativa para crear la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tlaxcala, a través de la cual busca subsanar diversas lagunas, omisiones y controversias en materia administrativa.
En la sesión ordinaria del pleno de la LXIV Legislatura local, la diputada aliancista presentó la propuesta, la cual busca dar sustento y legalidad a los procesos instaurados para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares.
La congresista explicó que la nueva norma busca abatir diversas omisiones e irregularidades que persisten en la propia legislación, ya que “en Tlaxcala se ha generado un desorden legislativo que hace insustancial a la justicia administrativa”, misma que pretende subsanar.
Por ello, propuso la creación de esta nueva norma, la cual prevé que el juicio contencioso administrativo, procederá contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
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Asimismo, procederá contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean “autoaplicativos (sic) o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación”.
Por ello, las autoridades administrativas, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley, entre otros.
La propuesta prevé la promoción de cualquier medio de controversia deberán contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada.
La propuesta de la congresista fue remitida a comisiones unidas para su análisis y dictamen correspondiente.
En tanto, en la misma sesión, el diputado José Gilberto Temoltzin Martínez propuso al pleno del Congreso local establecer en la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, una ayuda económica a víctimas de un delito o violación a derechos humanos.
Explicó que es necesario que los recursos de ayuda se implementen para beneficiar a las víctimas directas o Indirectas, en la solventación de necesidades inmediatas, que por su naturaleza no pueden ser aplazadas, de esta forma, los recursos podrán ser aplicados en gastos como lo son de alimentación, de aseo personal, para la adquisición de artículos de primera necesidad, apoyo a traslados o en su caso para solventar los gastos por servicios funerarios, los cuales serían solventados del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de daño de las víctimas y Ofendidos.
El proyecto del panista fue remitido a comisiones unidas para analizar su viabilidad, para elaborar el dictamen final y en su caso, ser presentado al pleno para su dictamen correspondiente.