Con el objetivo de consolidar un modelo catastral más inclusivo y acorde con los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandra Guadalupe Aguilar Vega, presentó al pleno del Congreso del estado una iniciativa de reforma integral a la Ley del Catastro y al Código Financiero del estado de Tlaxcala y sus Municipios.
En la sesión ordinaria de este jueves, la congresista explicó que el actual marco jurídico en materia catastral limita la intervención ciudadana a los titulares registrales, dejando fuera a actores sociales que, sin ser propietarios formales, sí tienen un vínculo directo con los bienes inmuebles y el ordenamiento territorial.
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En ese sentido, propuso reconocer la figura jurídica del “interés legítimo” como criterio habilitante para intervenir en actos de registro, modificación o impugnación de datos catastrales.
“La evolución del Instituto de Catastro de Tlaxcala obliga a que su marco normativo no sea meramente fiscal, sino una herramienta de justicia social y planificación democrática”, argumentó la legisladora priista desde tribuna.
La propuesta legislativa busca ampliar el espectro de sujetos legitimados para participar en procedimientos catastrales, incluyendo a vecinos colindantes, arrendatarios, organizaciones civiles, profesionales del urbanismo y personas con derechos hereditarios o alimentarios.
De acuerdo con la iniciativa, el “interés legítimo” será entendido como aquella situación específica y diferenciada en la que una persona, aunque no titular de un derecho directo, pueda demostrar afectación real a su esfera jurídica derivada de un acto o resolución catastral. Dicha definición retoma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo reconoce como una categoría autónoma del interés jurídico tradicional.
La reforma plantea modificaciones profundas al texto legal: se redefine el concepto de sujeto obligado en materia catastral, se adicionan artículos para establecer procedimientos de acreditación del interés legítimo y se faculta a las autoridades para atender solicitudes de información y servicios técnicos presentados por personas distintas a los propietarios, siempre que demuestren una conexión jurídica válida con los inmuebles.
Además, se establece que quienes acrediten interés legítimo podrán interponer recursos administrativos, tener acceso a la información catastral y solicitar revisiones de valuación o uso de suelo, garantizando así un mayor control ciudadano sobre los actos de autoridad y evitando prácticas arbitrarias o discrecionales en la gestión del territorio.
En lo relativo al Código Financiero del Estado, se propone modificar la fracción II del artículo 175, para incluir como responsables fiscales a quienes acrediten interés legítimo en un predio, “lo que permitirá mayor eficiencia recaudatoria y un sistema más equitativo y actualizado a las realidades jurídicas y sociales del estado”, explicó la diputada.
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Aguilar Vega aseguró que esta propuesta armoniza el ordenamiento estatal con estándares internacionales como los promovidos por la ONU-Hábitat y la Ley General de Asentamientos Humanos, así como con el mandato constitucional de acceso efectivo a la justicia administrativa.
“La ciudadanía no puede seguir siendo observadora pasiva de decisiones que afectan su entorno inmediato. Esta reforma abre la puerta a una participación activa, responsable y legalmente respaldada”, concluyó la legisladora.
