El autodenominado Ateneo Jurídico de Tlaxcala propondrá al Congreso local una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado y leyes secundarias de la Constitución Política de Tlaxcala, a efecto de garantizar la aplicación de una justicia pronta y expedita a la ciudadanía, pero también que se apliquen castigos ejemplares a los funcionarios que violen la normativa.
Las modificaciones que están en estudio para ser presentadas a los integrantes de la LXIV Legislatura local también buscan que la asignación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y de jueces sea a través de exámenes de oposición públicos y abiertos y no “por ternas de incondicionales” presentadas por el titular del Ejecutivo en turno, pues carecen de la capacidad y la experiencia requeridas para esas funciones.
Además, los integrantes de esta asociación, entre ellos algunos ex magistrados y ex funcionarios y ex diputados estatales que ahora son litigantes, subrayaron la necesidad de que en el Consejo de la Judicatura se contemple un asiento para un representante de estos profesionistas, con lo cual, suponen, podrán denunciar actos de represalias de las que son objeto por parte de magistrados y jueces.
“Estamos haciendo un estudio para pedirle a los diputados que recobren su soberanía y se pongan a legislar, que no sean súbditos de la titular en turno. Vamos a pedir reformas a la Constitución, a las leyes secundarias, que se reforme la cuestión de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), porque es vergonzoso que seamos de los dos últimos estados con esta figura”, adelantó el ex magistrado del TSJE, Jerónimo Popócatl Popócatl.
Vamos, agregó, a buscar una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en el “consejo de la caricatura (sic), sus integrantes no sean los mismos, porque está sobrerrepresentado. Está el presidente, un representante de los jueces y otro de los magistrados, pero no tenemos representación los litigantes ni los académicos”.
Esto ha permitido, denunció, que un consejero que “se siente consentido de la titular que lo propuso, hace y deshace al interior de dicho Consejo, hay mucho acoso sexual, mucho acoso laboral, tráfico de influencias en los juzgadores, porque él es un litigante. De todos es sabido que le pidieron buscar un despacho para asesorar al Poder Judicial y propuso el suyo”, aseguró en referencia a Rey David González González.
Denunció que la Dirección del Registro Público es insuficiente porque los notarios tienen a todo su personal como gestores y despachan en cualquier distrito menos en el suyo. “Todo ese tipo de irregularidades que existen vamos a buscar la forma de que la norma los contemple, cuando ya tengamos el estudio preparado lo vamos a presentar a los medios de comunicación para darlos a conocer a la ciudadanía y hacerlo llegar al Congreso del estado”.
Previamente reveló que como litigante ha sufrido una serie de represalias por parte del magistrado Héctor Maldonado Bonilla—propuesto por el ex gobernador priista Mariano González Zarur–, uno de los juzgadores contra quienes la Asociación de Abogados de Tlaxcala promovió Juicio Político ante el Poder Judicial.
“El magistrado Héctor Maldonado Bonilla, no obstante que se ostenta como doctor en Derecho, incurrió en un delito de alto riesgo en dos asuntos, donde yo los patrocino, en dos recursos de queja no se excusa y en otros dos se inhibe de conocer arguyendo que con motivo del Juicio Político que le planteamos existe animadversión entre ambos”.
Acusó que en el TSJE persiste el burocratismo de años pasados, pero ahora el funcionamiento de este poder se agrava por casos de impunidad y corrupción. “Esto no es nuevo y vemos con tristeza que en Tlaxcala así se escribe la Nueva Historia. Es el pregón de la titular del Ejecutivo y a conveniencia ha mandado a representar las instituciones de procuración y administración de justicia a personas que le sean leales aunque no tengan experiencia en su desempeño, como la actual presidenta que no tiene ni la más mínima idea de cómo conducir los destinos del Poder Judicial”.
Esta falta de capacidad ha dado origen a que el Poder Judicial haya incurrido en una serie de pifias, como el caso de la consejera Dora María García Espejel, quien fue destituida de su cargo y posteriormente reinstalada después de que obtuvo un amparo de la justicia federal.
“Después de que con el gobernador Alfonso Sánchez Anaya pugnamos los abogados porque se reformara la Constitución para que todos los jueces, magistrados y procuradores se designaran mediante un examen de oposición público y abierto, vino otro gobernante, de esos autoritarios, que se sienten reyecitos e hizo la contrarreforma para que el Ejecutivo mande una terna de incondicionales, aunque no sepan nada de la ciencia jurídica y eso va en perjuicio de la sociedad justiciable”, refirió.
Por su parte, Marco Antonio Díaz Díaz, también integrante del Ateneo Jurídico de Tlaxcala y ex consejero Jurídico de González Zarur, denunció este tipo de situaciones pasan cuando “llega gente inexperta. Les gusta violar la Constitución, por eso se debe reformar la ley para que haya castigos ejemplares a quienes la violen, si no vamos a ver todo tiempo este tipo de situaciones. Quienes conocen el derecho, quienes están dentro del Poder Judicial violan la ley y como litigante, los ciudadanos, qué pensarán de quienes administran la justicia”.
Ante ello, invitó a todos los litigantes a que no tengan miedo y denuncien este tipo de casos, aunque reconoció que muchos de estos profesionistas “no quieren promover porque podemos ser sujetos de represalias”.
Como ejemplo de ello, citó su caso: “los magistrados se excusan porque hay una enemistad fundada, así lo dio a conocer un magistrado que ya está por terminar su periodo, en asuntos que yo litigo, por la solicitud de juicio político. Por eso muchos litigantes no lo hacen, pero mientras tengamos la razón, la voluntad y aquello bien puesto vamos a seguir haciéndolo (denunciar estos casos)”.
En la rueda de prensa también estuvieron la activista social Félix Pozos Palafox, el ex diputado local priista Reynaldo Acoltzi Conde, el ex magistrado Raciel Santacruz Meneses—integrantes del Ateneo Jurídico de Tlaxcala–, y Rumel Hernández Avendaño, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del estado de Tlaxcala, quien acudió como invitado.