Lunes, mayo 10, 2021

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Promueven procedimiento sancionador en contra de 13 diputados y seis líderes partidistas

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Por incurrir en violencia política y violar diversos tratados internacionales, así como disposiciones constitucionales y legales, un grupo de diputados promovió  ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) un procedimiento sancionador en contra de 13 de sus homólogos y de seis dirigentes estatales de partidos políticos, ya que en la aprobación de la reciente reforma electoral “se vendió la paridad y la legalidad por puestos en el Congreso de Tlaxcala”.

Además, demandaron a los consejeros electorales dictar medidas cautelares, como son la restitución de comisiones, presidencias y cargos al interior del partido, mismas que les fueron “quitadas” a los denunciantes, y que “fueron utilizadas en la negociación” para no aprobar un artículo transitorio que permitiría que el sector femenino encabezara las listas de partido de sus candidatos de representación proporcional en el próximo proceso local.

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Este martes, en conferencia de prensa, las diputadas Irma Yordana Garay Loredo, Laura Yamili Flores Lozano y Leticia Hernández Pérez, dieron a conocer la promoción de ese recurso, el cual, de ser procedente, de acuerdo con la legislación federal vigente, podría generar la inelegibilidad como futuros candidatos a los diputados denunciados.

Acompañadas por los legisladores María de Rayo Netzáhual Ilhuicatzi y Patricia Jaramillo, así como los congresistas Rolando Pérez Saavedra y Víctor Manuel Báez López, detallaron parte del proceso judicial iniciado y la motivación de éste.

En el que reiteraron que las acciones emprendidas en su contra, en la sesión del 28 de mayo pasado, por apoyar el citado transitorio de la reforma electoral, fue un acto de violencia política, ya que, como lo explicaron en el recurso presentado la víspera ante el ITE, “se puede ver que 13 diputados: Mayra Vázquez Velázquez, Ramiro Vivanco Chedraui, María de Lourdes Montiel Cerón, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Miguel Piedras Díaz, Víctor Castro López, Luz Vera Díaz, José Luis Garrido Cruz, Omar Milton López Avendaño, Zonia Montiel Candaneda, Maribel León Cruz, María Isabel Casas Meneses, Luz Guadalupe Mata Lara, orquestaron un plan para ejercer violencia política por razón de género, llevándose carro completo”.

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Señalaron que la causa fue debido a que: Exactamente los diputados que en sesión de Comisiones Unidas manifestaron su inconformidad con el artículo segundo transitorio, son los que en la sesión del Congreso del 28 de mayo de este año, fueron actores de la remoción de la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política,  de la remoción de la diputada María de Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, y de que otras diputadas fueran removidas o expulsadas de diversas comisiones, y además, lograrán su intención de eliminar el artículo transitorio, para ello, convencieron a diputadas de género femenino, entre ellas, a la diputada Luz Vera Díaz, que previo a votar en contra del transitorio mencionado, le fue asignada la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que es determinante, porque sin el voto de ella, solo habrían alcanzado 12 votos, que no representan la mayoría simple del Congreso”.

Con ello, afirmó la diputada Leticia Hernández, “estamos claros que no se trata de un asunto de derecho parlamentario o acuerdos entre pares; sino de violencia en materia de género. De la vulneración de la autonomía del Estado por agentes externos”.

Detalló que el procedimiento sancionatorio contiene “con toda la precisión, los acontecimientos en donde diversos y diversas legisladoras fueron convencidos para actuar en contra de la legalidad; todo a cambio de un cargo político. Se vendió la paridad y la legalidad por puestos en el Congreso de Tlaxcala”.

En este cónclave, insistieron que el pasado 28 de mayo, “se modificó la integración política y administrativa del Congreso de Tlaxcala, con base en una negociación externa al Poder Legislativo, como fruto de la negociación de seis dirigentes de partido, quienes, como último fin, acordaron no aprobar la propuesta de que las mujeres encabezarán las listas de representación proporcional.

Aseguraron en su recurso, los 13 diputados que hicieron mayoría, vulneraron diversas disposiciones legales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de las convenciones de los Derechos Políticos de la Mujer; de Americana sobre Derechos Humanos; sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por ello, con fundamento en diversas jurisprudencias, así como en las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 2020 en materia de garantías de género “y sobre todo, en razón del criterio dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número 13/2019, que mandata a los Estados a priorizar sobre la paridad de género”, los diputados inconformes aseguraron que también buscarán otras vías legales, que podrían llegar hasta la denuncia penal, en contra de sus homólogos señalados por la citada violencia.

Para los diputados Leticia Hernández Pérez, Irma Yordana Garay Loredo, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Laura Yamili Flores Lozano, Patricia Jaramillo García, María Félix Pluma Flores,  Jesús Rolando Pérez Saavedra, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Víctor Manuel Báez López, Rafael Ortega Blancas y José María Méndez Salgado, quienes promovieron el citado recurso,  “es procedente que la autoridad electoral conceda  las medidas cautelares, porque los efectos de la violencia política resentida, se prolongan en el tiempo y son susceptibles de suspenderse, ya que las consecuencias, no están consumadas de forma irreparable, además de que proceda legalmente”.

El recurso fue promovido en contra de los diputados Mayra Vázquez Velázquez, Ramiro Vivanco Chedraui, María de Lourdes Montiel Cerón, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Miguel Piedras Díaz, Víctor Castro López, Luz Vera Díaz, José Luis Garrido Cruz, Omar Milton López Avendaño, Zonia Montiel Candaneda, Maribel León Cruz, María Isabel Casas Meneses, Luz Guadalupe Mata Lara y los dirigentes estatales  de partidos políticos que “fraguaron violencia política en contra las mujeres de género y quienes resulten responsables”.

De manera precisa, explicaron que los dirigentes señalados son los presidentes estatales del PRI, Noé Rodríguez Roldán, del PVEM, Jaime Piñón Valdivia, Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona, del PEST, José Luis Garrido Cruz y “lamentablemente el de mi partido, José Gilberto Temoltzin y una parte de Morena”, lamentó Leticia Hernández.    

Por lo anterior, pidieron al ITE resolver a la brevedad el recurso que han interpuesto para que se respete la integración de las Comisiones anterior a la que aparece publicada en el periódico oficial del estado el día 2 de junio de este año, ya que esa modificación no respetó la mayoría calificada que exige el artículo 79 de la Ley Orgánica del Congreso, ni se basó en alguna inasistencia o para optimizar el trabajo legislativo; pues en los acuerdos que se propusieron para tal efecto, no se justificó nada de eso.

Aunado a ello, insistieron en la restitución de  la petista Irma Yordana Garay Loredo de la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política en virtud de que “fue un puesto que se canjeó a fin de favorecer la reserva de las mujeres en las listas plurinominales, violentándose el artículo que dispone que las presidencias son anuales”.

Finalmente, dejaron abierta la posibilidad de agotar otras vías e instancias jurídicas para sancionar a los diputados imputados, aunque “esto no es una batalla o disputa personal contra los compañeros, es una lucha por la legalidad y para dejar un precedente”, justificó Garay Loredo.

 

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