Ante el rechazo de legisladores locales a su petición de subsidio de mil 500 pesos por tonelada de maíz entregada a lo que antes era Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con la finalidad de incrementar el pago a siete mil 500 pesos por cada una, productores agrícolas tlaxcaltecas prevén la realización de manifestaciones locales y en la capital del país.
Luego de que no prosperara la solicitud que presentaron vía oficio al Congreso del estado, la cual fue respaldada por la diputada perredista Laura Yamili Flores al plantear ante el pleno la creación de un Fondo de Apoyo a los Precios de Garantía, Efrén López Hernández, integrante del movimiento campesino de la zona oriente, dijo que insistirán en su demanda.
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Y es que en el escrito entregado al Poder Legislativo, expresaron su inconformidad por “la injusticia cometida por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)” al decidir “de manera unilateral y sin fundamento alguno”, la reducción del precio de garantía del maíz blanco para consumo humano, medida que fue anunciada por Segalmex (organismo que será extinguido junto con Diconsa para crear Alimentación para el Bienestar).
Por ello, es que se habían acercado a las y los representantes populares para que intervinieran en este asunto y se resolviera favorablemente “este conflicto que afecta directamente la economía y la dignidad del sector campesino”.
López Hernández anotó que en este 2024 se llevaron “la nada grata sorpresa” de que el precio se reducirá casi 16 por ciento, al pasar de siete mil 075 pesos por tonelada a seis mil pesos, “lo que representa un retroceso en las políticas de apoyo al sector y un efecto negativo que causa grandes perjuicios a la economía de la población campesina”.
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Derivado de esta situación, los intermediarios (‘coyotes’) ahora ofrecen un pago que no rebasa la cifra de cinco mil pesos por tonelada, por lo que el daño económico “es muy grande, moral y anímico es todavía mayor, obligando incluso a muchos compañeros a retirarse de esta noble e imprescindible actividad productiva”, lamentó.
Por ello, subrayó que su propuesta está sustentada en los incrementos en insumos agrícolas del ciclo agrícola inmediato anterior al actual, pues la inflación en esos productos ha sido superior a las expectativas del gobierno.
“Creemos que nuestra actividad es netamente económica para alcanzar una vida digna, como lo es, precisamente el no permitir abusos de servidores públicos en sus políticas sectoriales”.
Remarcó que los productores del agro deben “estar trabajando en sus parcelas o comunidades recibiendo capacitación, no en las plazas públicas para manifestar su inconformidad”, ni exponiendo su integridad física por cerrar carreteras para que sean escuchados.
