Presidenta de Contla, Ivonne Roldán desacata sentencia y burla a la justicia electoral

A pesar de tres sentencias firmes, dos acuerdos plenarios de incumplimiento y múltiples medidas de apremio, la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi continúa actuando con “rebeldía institucional, dolo y desprecio a la legalidad”, al negarse a asignar personal administrativo a la presidencia de Comunidad de la Segunda Sección, encabezada por Alejandro Flores Xelhuantzi.

Desde octubre de 2024, el presidente de comunidad promovió un juicio ciudadano (TET-JDC-375/2024) ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala por la omisión reiterada del ayuntamiento de dotar de personal y pagarle íntegramente su remuneración como autoridad electa. El reclamo derivó en una sentencia emitida el 28 de febrero de 2025, en la cual se declaró fundado el agravio y se ordenó asignar al menos dos auxiliares administrativos a la comunidad.

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No obstante, la presidenta municipal y su tesorero, Luis Giovanni García Álvarez, desacataron abiertamente la resolución, obligando al tribunal a dictar un acuerdo plenario de incumplimiento el 7 de abril. En dicho acuerdo, se impusieron medidas de apremio y se reiteró el mandato de cumplir en tres días hábiles. La sanción fue de una amonestación pública por violar el artículo 74 de la Ley de Medios de Impugnación de Tlaxcala.

Pero el desdén continuó. El 20 de junio, el pleno del Tribunal Electoral volvió a documentar el incumplimiento, confirmando que ni se asignó el personal ni se respetaron los términos presupuestales previamente autorizados. La respuesta del ayuntamiento fue una maniobra burda: en sesión de cabildo del 25 de junio, se simuló un cumplimiento asignando personal con cargo al presupuesto de la comunidad, lo que fue calificado por el promovente como una “estratagema dolosa para engañar al tribunal”.

Ante esta nueva simulación, el tribunal determinó imponer multas de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) por 11 mil 314 pesos a la presidenta municipal y de 50 UMA´s, que son 5 mil 657 pesos al tesorero municipal.

Estas acciones no han sido suficientes. Según el último informe judicial, al 21 de julio no se ha dado cumplimiento real ni formal a la sentencia, lo que constituye una violación abierta a los derechos político-electorales del actor y un acto de desacato que podría escalar en sanciones más severas, incluida la responsabilidad administrativa o penal.

La Sala Regional del TEPJF, con sede en Ciudad de México, ha confirmado que el Tribunal Electoral de Tlaxcala tiene plena facultad para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. La jurisprudencia 24/2001 es clara: las autoridades deben acatar de inmediato las sentencias de los tribunales electorales, de lo contrario incurren en responsabilidad constitucional y legal.

En este caso, la actuación de Ivonne Roldán fue calificada por el propio presidente de comunidad como “contumaz, rebelde, dolosa y engañosa, lo cual no solo afecta a su persona “sino al tejido democrático de su comunidad. La omisión viola el artículo 17 constitucional, que garantiza justicia pronta y expedita, y el 128, que obliga a todo funcionario a acatar la Constitución y las leyes que de ella emanan”.

El presidente de comunidad enfatizó que uno de los puntos más graves de estas conductas radica en la maniobra contable del ayuntamiento: en lugar de asignar a los auxiliares presupuestados desde 2024, se simuló el cumplimiento mediante una reasignación ilegal de gasto con cargo al presupuesto de la comunidad. Esto contradice lo ordenado por el tribunal, que prohibió explícitamente cargar dicha responsabilidad a la comunidad, pues ya existe una asignación autorizada.

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“La jurisprudencia federal y local ha establecido que esta práctica vulnera la legalidad y constituye una invasión indebida del espacio presupuestal de las autoridades auxiliares. De hecho, el tribunal local ha señalado que aceptar esta simulación dejaría la puerta abierta a que cualquier ayuntamiento modifique discrecionalmente su presupuesto para eludir sentencias firmes”, apuntó.

Ante ello, el munícipe demandó que se impongan nuevas medidas de apremio más severas, e incluso que se vincule al cabildo completo al cumplimiento de la sentencia, dado que el desacato ya se encuentra debidamente documentado por el tribunal, pero “hasta el momento, ni la presidenta Ivonne Roldán ni el tesorero han emitido pronunciamiento alguno. El silencio institucional parece ser la estrategia frente a un proceso que ha exhibido con claridad la fragilidad de la legalidad municipal en Contla.

Flores Xelhuantzi enfatizó que su lucha legal no es solo por dos plazas administrativas, sino por la vigencia del derecho a ejercer un cargo público electo democráticamente sin obstáculos arbitrarios.

 “No podemos permitir que quienes juran respetar la ley sean los primeros en violarla. No es contra mí: es contra la comunidad que represento”.