Al dar “el beneficio de la duda” al programa de saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac que el gobierno federal prevé desarrollar, el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo local A.C buscará acercamiento con el nuevo gobierno federal para presentar propuestas y diagnósticos hacia un plan de restauración integral, informó Alejandra Méndez Serrano, directora de esta asociación civil.
“Vemos con buenos ojos que, ahora que justo por esta lucha de las comunidades, hoy sea una prioridad del gobierno federal“ dentro del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, pero en cuanto a “cómo se va a operar, es ahí donde otra vez ponemos los signos de interrogación”, dijo.
En el caso del anuncio de la realización de recorridos en la Cuenca -apuntó, es como si no hubiera nada antes, como si estuvieran desapareciendo todo lo ya hecho previamente”.
Por ello, consideró que este programa es un reto, de ahí que se deben retomar todos los diagnósticos e investigaciones efectuados desde los años 80 hasta los ocho proyectos más recientes del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).
“Hay mucha evidencia ya, la misma autoridad emitió el Primer Informe Estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac, es un documento oficial que retoma toda la investigación con un presupuesto de la anterior administración (federal) de más de 115 millones de pesos. No se puede partir de cero como si no hubiera nada”.
Enfatizó que también deben tomarse en cuenta los monitoreos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los informes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Subrayó que el gobierno debe considerar la opinión de las comunidades afectadas y con experiencia en la gestión del territorio, para crear grupos de trabajo con población, funcionarios, académicos y todas las personas que deseen sumarse, para construir un plan de restauración integral que incluya todo el entorno, no solamente el agua; de lo contrario, “sin las localidades, el programa no sería completo”.
“Ya hemos dicho que la devastación ambiental en esta región ha tenido un impacto en la salud y se ha demostrado que en la cuenca muere una persona cada dos horas y media por enfermedades crónico-degenerativas relacionadas a la contaminación“.
Acentuó que la investigación que también está demostrando que en más del 50 por ciento de población adolescente analizada, está metabolizando plomo, cadmio y agrotóxicos en su cuerpo”.
Remarcó que la industria debe ser involucrada en el plan para que deje de emitir sustancias tóxicas y que para el saneamiento del río las plantas de tratamiento “no son la solución”, sino que cada uno de los actores “asentados en el territorio se haga cargo de los contaminantes que está produciendo”.
Recordó que en las comunidades se han impulsado alternativas, como los baños secos, que son de administración doméstica domiciliaria y cuyo costo “es mucho menor que una planta de tratamiento que, en el caso del estado, más de la mitad existentes no funcionan… no se puede seguir repitiendo errores del pasado… son inviables y un signo de corrupción”.
Realzó que en este momento se le da el beneficio de la duda al gobierno federal “vamos a acercarnos ya para dialogar y para presentar lo que hemos estado documentando y lo que ya es evidencia, que ya no está en duda, que la gravedad de la situación mayormente se debe a las industrias asentadas que están arrojando sus desechos… que cumplan con su obligación de tratarlos”.
Enfatizó que se deben implementar acciones articuladas con un presupuesto concreto para cumplir metas que conduzcan a reducir la contaminación de la Cuenca gradualmente “para que a la mejor en 12 años esté saneada, sabemos que es un problema complejo, no no sabe lograr en este sexenio, eso es real”.
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