La adquisición por parte del gobierno del estado de 10 camionetas blindadas, con una erogación de 56 millones 259 mil pesos, generó una nueva discusión en el pleno del Congreso local, pues mientras diputadas del PRD, Blanca Águila Lima y Laura Flores Lozano exigieron transparentar el ejercicio de esos recursos, el diputado de Morena, Vicente Morales Pérez aseguró que se trató de una inversión a largo plazo que nada tiene que ver con reconocer la existencia del crimen organizado en la entidad.
Este jueves, en el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria, la coordinadora de la bancada perredista Blanca Águila criticó tanto el gasto como la opacidad con la cual se realizó la compra de esas 10 camionetas, las cuales, ironizó, fueron adquiridas para “prevenir y responder con oportunidad a las emergencias…pero resulta conveniente y oportuno cuestionar si alguien de los presentes ha visto que alguna de las emergencias ocurridas en los últimos meses ha sido atendida mediante el uso o auxilio de estas camionetas”.
Abundó que de acuerdo a informaciones periodísticas, esas 10 camionetas fueron adscritas a instancias de seguridad estatal, “hemos visto a la gobernadora (Lorena Cuéllar) trasladándose en vehículos de esta naturaleza, sin que sus acciones tengan que ver con temas de reacción o de operativos de seguridad pública. O será acaso que la titular del DIF estatal (Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar) también participa en operativos”.
Águila Lima fustigó también la disposición de esos recursos “millonarios” para la adquisición de dichas camionetas, sobre todo, cuando el gobierno estatal presume que Tlaxcala es la entidad más segura del país “aunque no hace mucho se desmanteló un “narcolaboratorio en el municipio de Tlaxco que fue ligado a células del Cártel de Sinaloa, en donde fueron aseguradas armas y químicos”.
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“Por ello, es necesario y de especial interés que el gobierno del estado rinda cuentas sobre la adquisición y uso de estos vehículos. La seguridad debe ser un bien colectivo, no un privilegio exclusivo de quienes ostentan el poder, por lo que exigimos una pronta explicación sobre las acciones de seguridad que desarrolla la gobernadora a bordo de estas unidades…Las camionetas blindadas no hacen más que confirmar que nadie está seguro en Tlaxcala y que hasta la gobernadora Lorena Cuéllar necesita trasladarse en este tipo de vehículos para reducir posibles actos delictivos en su contra. ¿Qué podemos esperar el resto de los ciudadanos de este estado?”.
En respuesta, el diputado de Morena, Vicente Morales Pérez, nuevamente, fue el que salió al paso de esas exigencias, al asegurar que la compra de esas 10 camionetas se realizó conforme a las disposiciones legales, y “no responde a un tema inseguridad extraordinaria ni implica reconocer la existencia del crimen organizado en la entidad, se trata de una inversión institucional de largo plazo… es un acto de previsión institucional y responsabilidad con el futuro de nuestra entidad, no podemos gobernar con visión cortoplacistas, será para el futuro”.
Tanto la diputada Blanca Águila como su correligionaria, Laura Flores Lozano, criticaron la defensa emprendida por Morales Pérez, al enfatizar que su función “de defensor de oficio del gobierno”, no es asequible a su función de diputado, y mucho menos, asegurar que se trata de inversiones justificadas y de largo plazo, ya que “ese es un tema que deben aclarar los funcionarios del estado, esos que ustedes se negaron que comparecieran ante el Congreso”.
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