Posibilitar la igualdad

Ilustración: Colectivo "No estamos todas"

La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 firmada en 2016, indica que “la igualdad sustantiva sólo será posible si todas las personas son reconocidas iguales en dignidad, y son consideradas y reconocidas como sujetos de derechos”.  Y en ello se encuentra el gran desafío, pues las persistencias de estereotipos de género impiden que las mujeres sean así reconocidas y consideradas, ni en vida ni en muerte.

El pasado 2 de mayo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública en memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio, tras la acreditación de las “violaciones a los derechos como acceso a la justicia, a la integridad personal y a la intimidad y a la vida privada de la joven, pues se dieron a conocer detalles que justificaban su fallecimiento”. A Lesvy se le arrebató la vida por feminicidio, aunque al principio se trató el caso como suicidio.

Por desgracia, el caso de Lesvy no es el único y a lo largo y ancho de nuestro país el actuar de las autoridades está sesgado por la discriminación y el señalamiento, por el prejuicio encaminado a culpabilizar y estigmatizar la vida y la conducta de las mujeres, que termina por justificar el maltrato, la agresión y la muerte. ¿Por qué se tiene que luchar para brindar justicia a las mujeres tras la sistemática violación a sus derechos humanos?


Hay que dar pasos firmes para que el principio de no repetición exista y se erradiquen todas las violencias contra las mujeres y niñas, cuyas expresiones más devastadoras son el feminicidio, las desapariciones y la trata de personas, sencillamente porque es obligación del Estado mexicano. Uno de los pasos fundamentales es que tanto a nivel federal como estatal se logre “diseñar e implementar planes de formación y capacitación continua en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad en todas las instituciones públicas, en especial el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad y los sectores de salud y educación” como lo establece la Estrategia de Montevideo.