En Tlaxcala, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) establece que ésta es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; su objetivo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por desgracia, el papel de la CEDH no tenido ni la relevancia ni la contundencia necesarias para lograr convertirse en un referente que le permita a la población conocer y ejercer sus derechos y ser un espacio desde el cual construir una cultura de paz y de derechos humanos; pues por largos años se ha utilizado para colocar en ella a perfiles cercanos al poder que cuidan los intereses de quienes les imponen y, por ende, se alejan de sus objetivos básicos.
Tanto este como otros organismos públicos han sido despojados de su esencia ciudadana y desde ahí se fragua su fragilidad, su inacción y su desconexión con las realidades de las personas que ven vulnerados sus derechos por las instituciones del Estado. En Tlaxcala se ha iniciado el proceso de renovación de la CEDH, tanto para la persona titular como para quienes integran su Consejo Consultivo y sí, sí importa quienes ocuparán este lugar. Por lo que resulta grave que desde el Congreso se declare que no será vinculante la evaluación realizada a los perfiles que se han postulado, dejando entrever que la decisión será política para posicionar a quien convenga a los intereses del poder en turno, dejando fuera a perfiles realmente ciudadanos.
En estos tiempos en donde la violencia está desatada, en que vivimos en un estado inseguro, con autoridades poco confiables, es necesario dignificar a la CEDH que bien lidereada puede respaldar que los principios propersona y de no repetición se cumplan en esta tierra del pan de maíz. Así, contaríamos con un espacio para las certezas, para la visibilización de los abusos del poder y para la generación de recomendaciones oportunas con un peso ético irrefutable para que las autoridades no abusen, no discriminen ni trasgredan derechos.