El síndico del municipio de San Pablo del Monte, Rodolfo González Cruz se negó a firmar y validar la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, al denunciar que la documentación que le fue entregada por la alcaldesa, Ana Lucía Arce Luna carece de los elementos legales necesarios para cumplir con lo que establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
A través de un oficio dirigido a los integrantes de la LXV Legislatura local, el síndico señaló que el pasado 26 de marzo le fue notificado el memorándum número 92/SPM/TM/MAR/2025, mediante el cual se le remitieron únicamente los estados financieros del municipio que respaldarían los gastos, sin que se anexara la documentación original comprobatoria de los ingresos y egresos realizados durante el periodo comprendido entre enero y marzo de este año.
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En el documento, González Cruz argumentó que la cuenta pública debe conformarse no solo por los estados financieros consolidados, sino también por toda la información justificativa y comprobatoria del ejercicio del gasto, conforme a lo estipulado en los artículos 2 y 11 de la ley en materia de fiscalización.
“El hecho de que la presidenta municipal no me haya remitido la documentación original comprobatoria representa un incumplimiento legal. Lo anterior impide que se ejerza una adecuada revisión y validación de la cuenta pública como exige la Ley Municipal”, aseveró.
Si bien la alcaldesa argumentó que dicha documentación “queda a disposición para su consulta en las oficinas de la Tesorería Municipal”, el síndico refutó dicha interpretación de la norma, indicando que el artículo citado por la edil —el párrafo cuarto del artículo 11— únicamente señala que la custodia y conservación de los documentos es responsabilidad del tesorero municipal, más no que se pueda omitir su entrega al síndico.
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En este sentido, el funcionario municipal denunció que la presidenta municipal utiliza esta interpretación como un “pretexto para no transparentar y rendir cuentas del ejercicio del gasto público” y solicitó formalmente a los congresistas que no reciban la cuenta pública hasta que ésta sea entregada en su totalidad y conforme a la ley.
Asimismo, exhortó a que la presidenta municipal cumpla con sus obligaciones legales y remita la documentación original correspondiente, subrayando que su negativa a validar los estados financieros no solo obedece a un principio de legalidad, sino también a un deber de responsabilidad frente a la ciudadanía.
“Me deslindo desde este momento de la forma en que la Presidenta Municipal ejecuta, comprueba y justifica el presupuesto municipal”, concluyó.
