Académicos exhibieron que la política del gobierno mexicano “está contribuyendo a una sistemática violación de derechos humanos” de las personas migrantes y que ha usado a la Guardia Nacional (GN) para atacarlas así como para asediar a los albergues que sirven de refugio a esta población en tránsito por el país.
Durante la mesa de discusión Derechos Humanos y Migración, organizada por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) en el marco del noveno aniversario del albergue “La Sagrada Familia”, en la ciudad de Apizaco, especialistas expusieron diversos panoramas.
En este espacio acentuaron que la academia debe proponer, no especular sino discutir, pues observaron que la migración hacia Estados Unidos no se va a detener.
Rita Marcela Robles Benítez, abogada y politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, recordó que en junio pasado Estados Unidos obligó a México a firmar el Acuerdo Migratorio, de lo contrario aumentaría los aranceles.
Sin embargo, enfatizó que en el fondo este convenio es lo mismo que el documento signado en su momento por el expresidente Enrique Peña Nieto, con tres componentes: seguridad en la frontera, desarrollo regional (incluido Centroamérica) y el registro de personas.
Aseveró que este pacto ha tenido como consecuencia “una gran máquina de deportaciones, violentado el principio de no devolución para las personas candidatas a ser solicitantes de asilo, y una gran violación a la identificación del interés superior de la infancia, porque las y los niños tendrían que ser atendidos por solo el simple hecho de serlo”, no por su condición jurídica.
El problema –subrayó- es que miles de niños, sin identificar sus necesidades de protección, están siendo deportados, aunque la vida se les vaya en ello. Otro resultado es el hacinamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI que tiene una capacidad para 900 personas y ha llegado hasta el triple, ahí se refugian mujeres solas que viajan con sus hijos, pero duermen “en el mismo pedacito con hombres que no conocen”, con lo que eso implica en el tema de seguridad y de salud”.
Otra situación derivada de las políticas implementadas por el gobierno de México es la negativa del registro de nacimiento a infantes hijos de padres migrantes, sobre todo a los de madres africanas; más de 200 han dado a luz y hay otras 500 embarazadas “que no sabemos qué va a ser de ellas”, anotó.
“En caso de deportaciones, quisiera ver cómo se van a hacer, qué violaciones nuevas a derechos de protección internacional se van a cometer”, preguntó.
Cuestionó que al Acuerdo de Marrakech lo pongan por encima de la mesa, como si fuera vinculante, para establecer que la migración en el país debe ser ordenada, segura y regular pero “con los despliegues de la Guardia Nacional en la frontera y un gran destino de recurso público a una cosa que no tiene fondo”.
Asentó que mientras las cuestiones de origen, las causas estructurales y las violencias de los países no cambien, “las personas van a seguir saliendo”, cada vez en condiciones de mayor vulnerabilidad, mucho más precarias e inseguras, “donde el gobierno mexicano está contribuyendo a una sistemática violación de derechos humanos.”
Guillermo Ramírez Armas, profesor-investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), también enfatizó que es relevante la migración de menores no acompañados por familiares, pero sí por alguna otra persona, de ahí que es un tema complejo, ya que muchos emigran porque son reclutados por el crimen de sus países, enfrentan abuso sexual y violencia en casa; pero que pese a este ambiente del que salen “mantienen la ilusión”.
Así, desarrolló el tema “Menores migrantes en tránsito por la frontera sur de Tabasco, entre el temor y la ilusión”. Consideró importante preguntar qué es lo que este segmento quiere y con base en ello generar políticas y estrategias.
Al hablar sobre los impactos de migraciones internacionales en entornos rurales mexicanos, Ariel Mojica Madrigal, profesor-investigador del Centro de Estudios Rurales, aseveró que “nos está yendo del carajo y no se está realizando mucho” en este sentido.
Advirtió que México deja de ser una nación de tránsito de migrantes para convertirse en un lugar de asentamiento. Asimismo, remarcó que el retorno de paisanos no va a ser definitivo, porque en este país no hay condiciones ante la falta de políticas para su integración y la de sus familias, además de la visualización de violencias.
El académico resaltó que esta nación también asume una actitud con el papel que la Guardia Nacional desempeña como migra, mediante las retenciones de caravanas y la militarización, así como su injerencia en los albergues para migrantes, con patrullajes y redadas a escasos kilómetros.
“Para hondureños, al pasar por México, lo mejor es tratar de ser lo más mexicano posible para mimetizarse de alguna forma, aunque para ellos esto sea un rechazo a su identidad, sin embargo es una cuestión de supervivencia”, añadió.
Criticó la desaparición de programas gubernamentales como el Fondo de Apoyo al Migrante y el de “3×1”, así como el hecho de que varias políticas en la materia solo queden en el papel sin ser aterrizadas.
Cristina Gómez Johnson, de la Universidad Iberoamericana la Ciudad de México señaló que este país no se reconocen los derechos básicos ni tampoco hay un reconocimiento desde la ciudadanía, pues de nada sirve una normativa incluyente, si no hay una capacidad de solicitarlos.
Rita Marcela Robles Benítez abundó que en 21 años el Centro Derechos Humanos Fray Matías de Córdova pasó de 200 migrantes a 16 mil personas atendidas al mes de junio de 2019. “Pero si la población migrante no pasa por este lugar a realizar el llenado de su solicitud no les están recibiendo la petición de asilo, nos están poniendo como un requisito cuando no lo somos , no somos parte de la estructura del gobierno”.
Debido a esta situación se formó un Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste Mexicano, a pesar de lo que comúnmente viven las organizaciones civiles de migración “que es la criminalización y persecución por parte del Estado y otros actores que se encuentran en las localidades”, dijo.
Arturo Preciado Guerra, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Cuajimalpa, recalcó que lo trascendente del ser humano sería a ayudarnos los unos a los otros y que los académicos deben replicar la no criminalización ni a la población migrante ni a los albergues.
Por su parte, Elías Dávila Espinoza, representante del albergue “La Sagrada Familia”, urgió a la unidad, pues la población migrante es vista como enemiga.