Lunes, abril 12, 2021

Persiste política de simulación en atención a la violencia contra las mujeres, exhibe informe

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Ante el incumplimiento de recomendaciones por parte del Estado mexicano, preocupa que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) pudiera desaparecer, pues continúa una política de simulación que ha obstaculizado el acceso a una libre de violencia a las mujeres del país, concretamente las de 17 entidades que han solicitado este mecanismo, entre ellas Tlaxcala.

Así lo plantearon integrantes de la Red Nacional de Alertistas (RNA), durante la  segunda conferencia de prensa virtual sobre el “Informe Sombra Cedaw Intermedio 2020”, en coordinación con Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Federación Mexicana de Universitarias A.C.

En este espacio, las activistas replantearon que el Estado mexicano incumple con una serie de recomendaciones que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CoCedaw, por sus siglas en inglés), respecto de de la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

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Por ello, de las observaciones finales del CoCedaw, en 2020 se presentan los Informes Sombra Cedaw Intermedios desde una perspectiva de la sociedad civil, al considerar urgente la coordinación eficiente entre los tres poderes, los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos, para lograr avances sustantivos en la erradicación de las agresiones contra niñas y mujeres.

En el informe denominado “Tipificación y protocolos de feminicidio. Un abismo entre la Ley y su aplicación”, la RNA puntualizó 10 obstáculos para cumplir la recomendación 24 c), como las asimetrías legislativas en la integración de elementos de tipo penal y problema en la reclasificación de homicidios dolosos a esta categoría.

Así como una resistencia de las fiscalías y juzgados penales para hacerlo, y que los casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado no son en general considerados como feminicidios.

Subrayó que con base en el Informe del Estado Mexicano entregado en agosto de 2020, se menciona que el delito de feminicidio se encuentra tipificado en los diversos códigos penales de cada entidad, con elementos y sanciones diversas a nivel estatal, “no obstante, la información que presenta es errónea ya que no coinciden las sanciones para Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y otros estados”.

Asimismo –indicó–, cita que 29 entidades federativas cuentan con un protocolo para la investigación de este ilícito o por razones de género, “sin embargo, no los hay ni unificados ni especializados y como ejemplo tenemos el caso de Tlaxcala, que indebidamente incluye en el mismo diversos delitos”.

Por tanto, replanteó una serie de recomendaciones, como la homologación a nivel nacional de este delito, “de acuerdo a los parámetros jurídicos nacionales e internacionales” para brindar la más amplia protección a víctimas indirectas, además de capacitar a servidores públicos involucrados en este tema y que toda muerte violenta de mujer (incluidos infanticidios y suicidios), sea investigada como feminicidio “y que sea la investigación bajo el debido proceso la que lo descarte”.

Al respecto, Silvia Nava Nava, representante de Tlaxcala ante la RNA, agregó que reconoce y agradece al procurador de justicia del estado, José Antonio Aquiáhuatl, la comunicación “ágil” hacia su persona, “sin embargo la voluntad personal no es suficiente” porque cuenta con un equipo “que desafortunadamente no la tiene”, ni practica una perspectiva de género y actúa con resistencia cultural, incluso, ante hechos graves conduce la resolución a una conciliación, a pesar de que no se puede considerar esta vía.

Agregó que este Informe Sombra lo entregará a las autoridades estatales aún en funciones, pero también a las y los candidatos al gobierno del estado. Otras integrantes de la Red, también anunciaron que ya preparan agendas para presentarlas ante las y los aspirantes a cargos de elección de popular en sus respectivas entidades.

Sobre el informe llamado “Desaparición de niñas y mujeres. Alerta Amber y Protocolo Alba: cuando no hay voluntad para encontrarlas”, relativo a la recomendación 24 d), las activistas exhibieron que estas herramientas no son eficaces ni eficientes, pero también hicieron sugerencias para mejorarlas, como su armonización en todos los estados.

Respecto de la AVGM, que en el caso de Tlaxcala, se han realizado tres solicitudes, de las cuales solo una derivó en observaciones y recomendaciones por parte de la Federación, sin que a la fecha se haya decretado esta Alerta, también analizaron la situación.

Así, en el informe “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. En las AVGM: ni armonización ni coordinación”, mostraron que el Estado mexicano tampoco ha cumplido con la recomendación 24 e) relativa a esta materia y que en las alertas declaradas como improcedentes, pero con recomendaciones específicas, se desconocen los avances por parte del Grupo de Trabajo que las analizó e investigó.

Resaltaron que ello no permite tener un panorama completo de la situación que guarda la violencia feminicida. “Nos preocupa que este mecanismo pueda desaparecer o transformarse en una herramienta institucional que excluya una efectiva participación de la sociedad civil,  como algunas iniciativas que están en curso”.

Gloria Ramírez, de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que desde el año 2000 ha trabajado y dado seguimiento al tema Cedaw, en la que ha observado incumplimiento por parte del gobierno y lamentó que las instituciones nunca convocaron a un diálogo previo al informe que presentó el gobierno; “y es en este marco que seguimos con una política de simulación, porque aparenta cumplir, pero con un documento con graves equivocaciones”. En tanto, las integrantes de la RNA abundaron que en la actual administración hay un rechazo 100 por ciento a las organizaciones civiles.

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