La magistrada presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses anunció que solicitará una ampliación presupuestal al Poder Ejecutivo local para atender, entre otras urgencias, la instalación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la liquidación de al menos 14 jueces que cesarán en sus funciones el próximo 31 de agosto.
En entrevista, la titular del Poder Judicial reveló que esta reconfiguración institucional, que entra en vigor el 1 de septiembre, no fue considerada en el ejercicio fiscal del año 2025, por lo que se prevé una presión financiera significativa para cubrir las nuevas plazas de magistrados, personal administrativo y el equipamiento necesario para el funcionamiento del citado órgano de control judicial.
“Este (nuevo) tribunal no estaba presupuestado. Son tres nuevos magistrados, cada uno con su personal, que requieren espacio físico, sueldos, equipo de cómputo, mobiliario. Lo hemos venido previendo con lo que ya se adquirió para juzgados, pero en el rubro de personal, no hay previsión”, explicó Bañuelos Meneses.
Aunque evitó adelantar una cifra exacta que requerirá, la presidenta detalló que el monto final de la ampliación dependerá de lo que establezca la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, aún en proceso de diseño. Dicha legislación definirá el número de servidores públicos que acompañarán a cada nuevo magistrado y su nivel jerárquico, lo cual impactará directamente en el gasto corriente.
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La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2027, que exigirá transitar a la oralidad en los juicios civiles y familiares, también representa un reto logístico y presupuestal mayúsculo. La magistrada advirtió que se requerirá habilitar nuevas salas de audiencia, invertir en capacitación y tecnología para garantizar su aplicación efectiva.
De acuerdo con la jurista, otro factor que ha encendido alertas financieras en el Poder Judicial es la salida de al menos 14 jueces, quienes serán liquidados conforme a lo estipulado en los artículos transitorios de la reforma judicial local. También se contempla la separación del magistrado Pedro Sánchez Ortega, aunque este caso no implica finiquito debido a su participación en el reciente proceso de elección interna.
“Tenemos un estimado preliminar de más de 10 millones de pesos sólo para las liquidaciones. Pero esa cifra podría aumentar dependiendo de la antigüedad de cada uno. Hay jueces con muchos años en la carrera judicial”, precisó la presidenta.
Además de los jueces, es previsible que una parte del personal de confianza del Consejo de la Judicatura también sea cesado. Cada consejero actual cuenta con tres o cuatro colaboradores que, aunque sin un esquema de liquidación tan definido como el de los juzgadores, deberán ser indemnizados conforme a lo que marque la ley laboral. En total, el universo de trabajadores sujetos a separación podría superar las 25 personas.
Aunado a ello, otro tema que agrava la situación financiera es la falta de espacio físico para este nuevo tribunal. La Ciudad Judicial, ubicada en Apizaco, no cuenta con instalaciones disponibles para albergar al nuevo Tribunal de Disciplina. Por ello, el Consejo de la Judicatura determinó que este órgano se instale en la sede histórica del Poder Judicial, en el Palacio de Justicia de la capital del estado.
En este inmueble se trabaja ya en la habilitación de espacios adecuados para albergar las nuevas ponencias y oficinas. “Estamos haciendo ajustes para que aquí sea la residencia del tribunal. Es una medida provisional pero necesaria”, dijo la magistrada.
La magistrada fue enfática al señalar que el crecimiento en el capítulo de servicios personales, pues “la ley nos impide crecer la nómina más allá del tres por ciento, pero en este caso hay una causa justificada: una reforma de gran calado. Lo que buscamos es que el Poder Judicial esté a la altura de las exigencias del nuevo marco normativo”, sostuvo.
De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos 2025 aprobado por la LXIV Legislatura, el Poder Judicial de Tlaxcala recibió poco más de 495 millones de pesos, de los cuales cerca del 75 por ciento se destina a nómina.
No obstante, para la magistrada Anel Bañuelos, este es el momento de fortalecer al Poder Judicial en todos sus frentes. “Estamos haciendo las previsiones necesarias, con responsabilidad, para que estas transformaciones no vulneren los derechos de los trabajadores, ni los servicios que prestamos a la ciudadanía”.
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