Diego Lira Carrasco, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST) en Tlaxcala y Puebla, señaló que las cifras oficiales sobre superficie boscosa dañada por la plaga de descortezador “se quedan cortas” con las casi nueve mil hectáreas que han registrado pobladores, no solo en La Malinche sino en la zona oriente y poniente del estado.
Te puede interesar: Tlaxcala es caso de éxito a nivel nacional por atención a la contingencia del insecto descortezador: SMA
Refirió que esta organización ha insistido en su petición de una serie de reuniones con autoridades, para abordar diversos los problemas ambientales, y que estos encuentros las dependencias tanto estatales como federales, han reafirmado “que ha sido todo un éxito” el combate al escarabajo en La Malinche.
Añadió que a principios del presente mes fue solicitada la asistencia de la representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat), para que informaran cómo se ha aplicado el presupuesto en este tema.
Argumentaron -dijo- que son aproximadamente mil 300 hectáreas saneadas y que solamente restan 90, pero al contrastar esta información “con compañeros de poblaciones que están alrededor de La Malinche, así como de otros municipios como Tlaxco, Altzayanca, Nanacamilpa y Calpulalpan, son unas nueve mil hectáreas” las afectadas en el estado.
Resaltó que tiene conocimiento de que hay instrucciones oficiales de que ya no se pueden derribar árboles dañados por el escarabajo, sin embargo, “se sabe que todavía se hace esta práctica y con el permiso de Conafor”.
Acentuó que por este tipo de situaciones, el MST ha planteado la creación de una contraloría social, porque por una parte las instituciones señalan que solamente falta determinada superficie por atender, mientras que las versiones de la población refieren a una extensión mayor.
También, consideró que es necesario realizar un recorrido de campo entre las instituciones, tanto federales como estatales, y los pobladores, para verificar las zonas que están perjudicadas, los avances o rezagos en el combate a ese insecto y las acciones de reforestación para restituir árboles dañados.
“Pero de igual manera se debe hacer esa revisión para mostrar lo que las comunidades han realizado por su cuenta propia para atacar a la plaga, sin apoyo gubernamental”, remarcó.
Al respecto, dijo que en las reuniones con las instituciones, “se ha dejado en claro” que los pobladores no han solicitado recurso al gobierno, porque se corre el riesgo de que los habitantes sean señalados de entrarle a la corrupción, porque es lo que se está viendo”.
Anotó que algunos pobladores realizan monitoreos en las áreas dañadas, con apoyo de drones y trabajo en campo, pues “la idea es que se haga un comparativo, para ver en dónde hay coincidencias”, así como para conocer la estadística oficial real.
Lamentó que las dependencias involucradas en resolver esta problemática, como la Semarnat, insistan “en que las cosas están de lujo” y que también “presuman de una amistad estrecha” con el gobierno estatal.