Con consignas, pancartas y el cierre momentáneo de los accesos a las sedes del Poder Judicial del Estado y del Poder Judicial de la Federación, habitantes de San Pedro Tlalcuapan, comunidad del municipio de Chiautempan, exigieron, este martes, la liberación de su expresidente de comunidad, Saúl N. quien desde 2022 permanece recluido tras ser sentenciado por su supuesta participación en un linchamiento ocurrido en abril de ese año.
Los manifestantes, respaldados por colectivos en defensa del territorio y organizaciones nacionales de derechos humanos como el Centro Prodh, acusaron que el caso de Saúl N. ha sido manipulado y alertaron que su libertad depende ahora de la pronta resolución de un amparo directo interpuesto desde diciembre de 2024 ante el Segundo Tribunal Colegiado del XXVIII Circuito. Si no hay resolución antes del 1 de septiembre, advierten, el proceso deberá reiniciarse con la llegada de nuevos magistrados.
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“A Saúl lo condenaron sin pruebas. Ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Fue juzgado solo por ser autoridad comunitaria y por pertenecer a un pueblo originario. Eso es discriminación institucional”, denunció Brayam Neftaly Pérez Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El linchamiento por el cual fue sentenciado Saúl ocurrió el 15 de abril de 2022, Viernes Santo, cuando una turba de aproximadamente 400 personas sustrajo a un presunto delincuente de la presidencia de comunidad y le arrebató la vida. Según testimonios recabados durante el juicio, ni Saúl N, ni su coacusado Raymundo N (quien ya logró su libertad), ambos líderes comunitarios, participaron en los hechos.
El abogado defensor Carlos David Robles Figueroa aseguró que nunca se acreditó que Saúl incitara al linchamiento, ni que tuviera control sobre la multitud. Por el contrario, afirmó, quedó probado que Saúl solicitó apoyo de las autoridades municipales y estatales, sin obtener respuesta.
“Él llamó al director de la policía de Chiautempan pidiendo auxilio, pero no hubo autorización para intervenir. Llegaron más de 300 policías que no actuaron porque el secretario de gobierno y el alcalde no lo permitieron”, reveló el abogado.
Pese a ello, las autoridades judiciales locales decidieron atribuirle responsabilidad penal, argumentando que impidió la actuación de las fuerzas del orden, algo que su defensa refuta categóricamente.
Las organizaciones convocantes denunciaron que el caso se inscribe en una estrategia de criminalización contra defensores del territorio, pues Saúl encabezaban un movimiento en defensa del bosque de La Malinche frente a la plaga del gusano descortezador.
“Lo sentenciaron sin juzgar con perspectiva intercultural. Dijeron que el linchamiento era parte de sus usos y costumbres sin ningún sustento. Eso es un estereotipo racista”, acusó el representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Raymundo fue absuelto tras año y medio de prisión, lo que reforzó entre los pobladores la percepción de que ambos fueron chivos expiatorios. “Es un castigo ejemplar para líderes incómodos”, expresaron varios manifestantes.
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El proceso contra Saúl N, ha estado plagado de dilaciones procesales, aseguró su defensa legal, ya que, aseguró, las juezas suspendieron audiencias hasta por 30 días, violando el principio de inmediatez procesal. Sin embargo advirtió que reponer el procedimiento afectaría tanto a víctimas indirectas como a los imputados.
“Si el tribunal federal no resuelve antes del 1 septiembre, todo el proceso se reiniciaría. Eso significaría otro año o más con Saúl en prisión injustamente”, lamentó el abogado.
Los habitantes de Tlalcuapan, quienes eligieron a Saúl por usos y costumbres y lo siguen considerando su representante legítimo, reiteraron su confianza en él y rechazaron la narrativa oficial que lo responsabiliza del trágico evento.
“En nuestra historia no hay antecedentes de linchamientos. Lo que hubo fue omisión del Estado, y ahora quieren cargarle todo a uno solo”, señalaron vecinos en la protesta
