En Cuapiaxtla, de 2008 a la fecha el número de ejidatarios ha disminuido aproximadamente 40 por ciento y corre el riesgo de bajar hasta 70 por ciento, en caso de concretarse la venta de mil 500 hectáreas a empresas prestadoras de servicios a la armadora Audi, advirtió Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto.
“La pérdida de territorio y de agricultores ha sido poco a poco”, debido al proceso de industrialización de la zona y de la construcción de carreteras, anotó.
De mil ejidatarios que originalmente había en este municipio, en la actualidad solo son alrededor de 600; pero si esas mil 500 hectáreas se venden, la cifra disminuiría a 300; ahora –resaltó- quienes realmente se “arman” de tierras son las personas con más recursos económicos, como los rancheros de la región, quienes han comprado parcelas, “hoy ya no son de quien las trabaja sino de quien tiene dinero”.
Refirió que los descendientes “de los antiguos dueños” de la superficie agrícola, la “están recuperando; ya no solo tienen las haciendas sino también la hacienda pública, posiciones políticas; es una cosa lamentable”.
Hace aproximadamente 12 años, en 2008, comenzó la reducción de la cantidad de ejidatarios; sin embargo, unos años atrás, en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, inició el proceso de venta de tierras para la construcción de autopistas en esta región, como la de Amozoc, incluso en esa época el entonces gobernador respaldó a la empresa OHL “y nos querían pagar a un peso el metro cuadrado, prácticamente las querían regaladas”, citó.
Acentuó que los gobernantes tlaxcaltecas no han ayudado en nada a los ejidatarios que ceden sus terrenos para la realización de proyectos diversos, por lo que subrayó que ahora le preocupa el “silencio de las autoridades” ante la posibilidad de perder más de mil hectáreas con vocación agrícola.
“Porque ha habido experiencias de que las tierras no se les da a las empresas a través de las asambleas ejidales, entonces van a convencer a uno por uno, van visitando ejidatario por ejidatario; hacen sus reuniones sin que haya una declaración de la autoridad a nivel municipal, estatal ni federal”, puntualizó.
Mencionó que existe preocupación porque hasta ahora se desconoce si ya se efectuaron estudios de impacto ambiental por parte de la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), si ya intervino la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o si alguna otra autoridad ya emitió una opinión.
Tras la reforma de 1994, el comisariado ejidal solo es un representante, pero legalmente no es autoridad; sin embargo, en este caso se observa “una tendencia de este y de integrantes del Consejo de vigilancia de promoción de la venta”.
Dijo que a él no se ha acercado ningún negociante y lo atribuyó a su clara oposición. “En días pasados se llevó a cabo una asamblea ejidal pero no se abordó este tema”, añadió.
“Platiqué con algunos campesinos y hay quienes definitivamente no quieren vender, dicen que si estas mil 500 hectáreas son entregadas a las empresas, Cuapiaxtla desaparecería y tendría grandes impactos de seguridad, socio ambiental y otros”.
También hay personas que están dispuestas a ceder sus parcelas a partir de dos millones de pesos, “pero aunque dieran tres o cuatro millones no valdría la pena, ningún precio, porque se dejarían de producir alimentos y toda la población pagaría las consecuencias, ya sea de manera directa o indirecta, expresó.
Comentó que ha observado “cierto miedo” en sus compañeros campesinos para exponer su inconformidad, ya que piensan que las empresas o inmobiliarias “son capaces de matar porque tienen grandes intereses”.
Realzó que una de las razones principales para que los pequeños y medianos productores vendan sus terrenos, es la falta de rentabilidad de la actividad agrícola, por lo que insistió en su planteamiento de dar valor agregado a los cultivos.
Asimismo, remarcó que el gobierno debe intervenir en la compra de los productos del campo, a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ya que solamente las empresas grandes son proveedoras de este organismo.
En octubre pasado, en el contexto de la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador al estado, Barrales hizo un plantón para denunciar el intento por parte de industriales de comprar mil 500 hectáreas en ese municipio.