Antes de desaparecer programas y recortar recursos al campo, como lo plantea el gobierno federal en la propuesta de presupuesto 2021, se debe realizar una revisión para garantizar que lleguen sin intermediarios a los pequeños productores y a jornaleros, por lo que diputadas y diputados tendrán que asumir su compromiso de apoyo a este sector, consideraron representantes de organizaciones.
Lo anterior, luego de conocer que el gasto proyectado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es de alrededor de 49 mil 291.6 millones de pesos y que representa un crecimiento de solo 3.6 por ciento, respecto de 2020.
Pero con base en la iniciativa enviada por presidencia de la República a la Cámara de Diputados, se elimina el componente de Desarrollo Rural, el de Crédito Ganadero a la Palabra, el de Vinculación Productiva y el de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios.
Además, no se asignan recursos al Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Sector Rural, a Agroasemex ni a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND).
Al respecto, Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto, reconoció que en otros sexenios esos esquemas tuvieron un manejo inadecuado y que por experiencia propia, pudo constatar “que muchas veces quienes salían más beneficiados eran los cercanos a las dependencias, los amigos de los burócratas, pero a la gente de más abajo, a los jornaleros y campesinos, casi no les llegaba ese apoyo”.
Hubo deficiencias del seguro agrícola, aseguró Barrales, pues tan pronto había un siniestro “los pseudolíderes estaban al pendiente y lo primero que hacían era ir como intermediarios, se beneficiaban sus más allegados y hacían ahí sus medias tranzas, por eso debe revisarse”.
Agregó que cuando iba a Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) a pedir información, los intereses eran muy altos, “solo eran para la gente con mediano o alto poder adquisitivo, pero para uno como campesino era imposible pagarlos, además los requisitos eran muy difícil de cubrir, nunca pude acceder, ese componente no estaba al servicio de los de más abajo”.
Para Barrales Domínguez la propuesta de desaparecer programas o reducir su partida, “es una medida que se debe corregir. Lo que se debe hacer es no eliminar, sino realizar una revisión de las dependencias y los programas”.
En el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), para el cual se plantea un decremento de 5.1 por ciento, debe contar con más fondos que en 2020, pues “la investigación no debe quedar fuera, sobre todo en estos momentos de problemas económicos y pandemia, es básica para el desarrollo”.
Pese a estos cambios en los programas, resaltó que los productores “no quedan totalmente desprotegidos” porque el programa Sembrando Vida, “al que –subrayó- alabo”, es una opción, porque los beneficiarios reciben recursos, trabajan, investigan e innovan y reciben cinco mil pesos cada mes.
En tanto, José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), señaló que para no desproteger al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, “corresponde ahora a las y los diputados federales asumir su compromiso con la gente de abajo”.
Expresó que es preocupante la desaparición de programas y la reducción del gasto en varios de ellos “porque el sector primario es el único que nunca baja la guardia” en el país.
“Milagrosamente el trabajo de hombres y mujeres del campo y la ayuda de nuestros familiares que trabajan y viven en Estados Unidos y Canadá, ha ayudado a que tengamos para sembrar y, con un poco de suerte, cosechar” reasaltó.