Derivado del conflicto electoral-social que prevalece en el municipio de Xicohtzinco, integrantes de ese ayuntamiento solicitaron a la LXIII Legislatura local una prórroga para entregar su cuenta pública de abril-junio de este año hasta el presente mes de agosto, pues aseguran no estar en condiciones de cumplir en tiempo y forma con la legislación correspondiente.
De acuerdo al oficio presentado al Congreso local y signado por el alcalde José Isabel Badillo Jaramillo, la síndico y cuatro regidores, refieren que se encuentran:
“En la imposibilidad de atender cualquier solicitud de información del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), como consecuencia del conflicto político-social que se suscita, incluso desconocemos las condiciones en que se encuentre la documentación soporte de las cuentas públicas, equipo informático del sistema de contabilidad y, en general toda la información correspondiente al área de tesorería municipal”.
Abundó:
“Esto debido a que un grupo inconforme con los resultados de la jornada del pasado 6 de junio tomó la alcaldía y al parecer se han introducido al área de seguridad pública donde han realizado desmanes y sustraído equipo de cómputo y herramientas de la misma, sin saber específicamente cuales sean, lo que sabremos hasta que puedan recuperarse las instalaciones y hacer un recuento de los daños”.
Para los integrantes del ayuntamiento de Xicohtzinco: “La manifestación realizada por este grupo de pobladores del municipio ha tenido tintes políticos, ya que han agredido física y verbalmente al personal de la administración municipal e incluso han despojado de un vehículo al área de obras públicas, mientras se encontraban realizando su trabajo y se han presentado las denuncias correspondientes”.
Por ese motivo, piden:
“se otorgue un plazo prudente y que se estime conveniente de acuerdo a la naturaleza y circunstancias actuales del conflicto político-social. Por el cual no podemos entregar la cuenta pública ya que no tenemos acceso a la información documental ni al sistema de contabilidad gubernamental, por lo que es imposible poder realizar la integración de estados financieros y en sí, realizar la entrega de la cuenta pública como lo establece la ley”.
Aunado a ello, advierten que “la situación también influye negativamente e impide atender a cabalidad en términos de ley el respectivo procedimiento de entrega-recepción que se origina por el término de ejercicio constitucional”.
“En este sentido, si estima necesario la utilización la utilización de la fuerza política para sustraer y resguardar la multicitada información nos encontramos atentemos fin de ocupar las herramientas legales para dicho fin, por otro lado, si se tratara de un procedimiento especial para formalizar el acto de entrega-recepción podamos realizar dicho procedimiento, actividades o intercambio de información como lo estime conveniente ese Honorable Congreso, incluso a través del OFS, en conjunto con las comisiones conformadas por parte de la actual y la entrante administración municipal a fin de realizarla de la forma más ordenada posible”.