La diputada de Morena, Lorena Ruiz García solicitó al pleno del Congreso local emitir un exhorto a las autoridades de seguridad, educativas y de derechos humanos del estado para que instrumenten un protocolo de prevención, atención y seguimiento que permita erradicar la violencia en entornos escolares, con acciones coordinadas y un enfoque de respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género.
Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora tlaxcalteca advirtió que la violencia en el noviazgo y la que se registra dentro de los planteles escolares “ya no puede seguir siendo minimizada”, pues representa un riesgo real para la integridad, la salud emocional y el futuro de niñas, niños y jóvenes.
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“Lo que empieza con celos o humillaciones termina en agresiones graves que dejan huellas físicas y psicológicas profundas”, señaló Ruiz García al presentar una solicitud para que el Poder Legislativo exhorte a las secretarías de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) y de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a coordinar esfuerzos inmediatos para garantizar entornos escolares seguros.
La diputada recordó los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en el Colegio de Bachilleres de Apizaco, donde un estudiante de 17 años fue herido con un cutter por su excompañera, agresión que lo dejó al borde de la muerte. Dijo que este caso refleja el deterioro social y la falta de aplicación efectiva de los protocolos de actuación que ya existen en la normatividad educativa.
“El asunto es grave porque muestra fallas de todos los actores responsables de velar por la seguridad de nuestros estudiantes. No podemos quedarnos paralizados frente a lo ocurrido; debemos actuar de inmediato y en conjunto”, expresó.
La legisladora sostuvo que el problema es multicausal y requiere un enfoque integral que contemple factores psicológicos, emocionales y sociales, además de la formación socioemocional desde las aulas. Propuso que el protocolo contemple lineamientos claros para la prevención y actuación en casos de ingreso de armas a escuelas, el establecimiento de brigadas de seguridad escolar, así como un Registro Estatal de Incidentes que concentre información estadística y preserve la confidencialidad de los estudiantes.
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Asimismo, planteó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana refuerce la capacitación policial para atención de incidentes en centros escolares y promueva programas de proximidad, mientras que la CEDH deberá vigilar la aplicación de salvaguardas jurídicas y de derechos humanos durante cualquier intervención.
“Las escuelas deben volver a ser espacios de confianza, no de miedo. Las madres, padres y estudiantes me han expresado su temor después de los recientes hechos; por eso este exhorto busca recuperar la seguridad y la esperanza en nuestras instituciones educativas”, enfatizó Ruiz García.
El proyecto presentado también establece que las dependencias involucradas deberán informar al Congreso local de manera semestral sobre los resultados de las acciones implementadas y los avances del protocolo.
