María del Rosario Arrambide González, especialista en derechos humanos, consideró que las autoridades estatales tendrían que trabajar ya en la atención y prevención de la captación de víctimas de trata con fines de explotación sexual afuera de las escuelas.
Al comentar el XXII informe de actividades del Centro Fray Julián Garcés (CFJG), presentado este miércoles, destacó que en este contexto se ubica “a un gobierno que invisibiliza o que busca negar la situación de trata de personas haciendo alusión a que ya no hay denuncias reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp)”.
Sin embargo, “esto es una visión muy corta y un abordaje muy corto” a la problemática de explotación sexual de mujeres y niñas en el estado de Tlaxcala, “porque es desconocer, en un primer momento, la cifra negra” de delitos en el país, indicó.
Subrayó que 6 o 7 por ciento de la totalidad de delitos cometidos son denunciados, pero el resto queda sin darse aviso a las autoridades por falta de confianza a estas, por la revictimización familiar o por temor a los agresores, entre otras razones.
“En segundo, identificar que la trata es un delito que opera en la clandestinidad, que las víctimas están en situación de cautiverio, por lo que es muy complejo que puedan denunciar”, aunado a los factores anteriores, subrayó.
Abundó que datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que por cada víctima identificada existen 20 más que no lo están, lo que se encuentra vinculado a esa clandestinidad y al traslado continuo de estas mujeres de un lugar a otro para evitar que sean detectadas.
Agregó que es sabido que este delito también se caracteriza por la feminización y la sexualización de la explotación, y que una de las muchas de las formas de captación de las víctimas, es afuera en las escuelas.
“Por lo que –realzó– es algo que tendría el gobierno, a través de las autoridades competentes, estar trabajando; es una obligación, pues está mandatado en el artículo tercero constitucional” referente a la transversalización de los derechos humanos y de la perspectiva de género en el ámbito de educación.
La especialista reconoció que el trabajo de las organizaciones en esta y otras problemáticas, como la contaminación del río Atoyac–Zahuapan, es crucial, pese a que pareciera que es ir contracorriente de la acción gubernamental, “pero al final vamos a ver cómo todas las que realiza” el CFJG significan la construcción de esperanza a través de la lucha colectiva.