Sábado, junio 15, 2024

PGJE minimiza delito de trata contra mujeres y niñas, señala CFJG y evidencia contradicciones al confrontar datos

Luego de la comparecencia de Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ante el Congreso local, el “Centro Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG) confrontó datos sobre el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y concluyó que las autoridades minimizan está problemática.

A través de un comunicado, esta organización civil fija un posicionamiento acerca de la presentación de esta funcionaria en el Poder Legislativo el pasado lunes como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

Para el CFJG esta comparecencia evidenció “contradicción, incapacidad profesional, negligencia y visión reducida del Ejecutivo local ante la problemática de trata de personas” en la entidad tlaxcalteca.

Por ello,  exige la publicación de estadísticas reales y coherentes sobre este flagelo contra mujeres y niñas en el estado y dejar de minimizarlo, pues el  Ejecutivo “no hace otra cosa que mostrar incapacidad, sino es que presunta complicidad con las redes de tratantes”.

Insiste en la necesidad de la ejecución de una política pública establecida en el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022–2027, así como en la sensibilización y capacitación de funcionarios en cuanto a la legislación y estrategias en la materia.

Requiere que se realice un análisis en torno a la realidad “para comprender lo que es tan evidente en su propio estado” y reafirma que hay “una negligencia en el Poder Ejecutivo local”.

El CFJG puntualiza que en su comparecencia Carro Roldán “colocó aseveraciones y datos contradictorios, que mostraron una limitada, incapaz y reducida visión del abordaje” de la problemática y “un actuar negligente” que  no corresponde a las obligaciones que la ley establece para las instancias encargadas de procurar justicia.

Retoma los datos expuestos por Carro Roldán: “en 2018 se obtuvieron 21 casos, en 2019, 15, y en 2022, uno” y la aseveración de la funcionaria de reconocer la problemática. Sin embargo, esta organización civil cuestiona que la cifra relativa al año pasado “se reduce a la existencia de (solo) una carpeta, no a la presentación de denuncias”.

Ni mucho menos -subraya- al abordaje de un problema que por un lado es difícil de denunciar, pero que, por otro, es tan patente en nuestro contexto que la Procuraduría tendría que iniciar carpetas de oficio y hacer análisis de contexto, como se lo confiere la ley.

Asimismo, repasa que el CFJG,  a través de recursos de acceso a la información, conoció que en 2021 la PGJE recibió 79 denuncias por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pero solo abrió dos carpetas de investigación y atendió a 33 víctimas por denuncia presencial.

En tanto,  de enero a mayo de 2022 registró 37 denuncias, no abrió ninguna carpetas de investigación en ese periodo y atendió a 14 víctimas por denuncia presencial; sin embargo, en el CFJG  “no contamos con los datos completos” de ese año, ya  que fueron solicitados el día 5 de diciembre pasado y la PGJE “no los proporcionó, argumentando que la información ha sido reservada”.

Con este contexto,  el CFJG enfatiza que las aseveraciones de la procuradora generan dudas, pues respecto de los reportes al Servicio de Emergencia 911, respondió que solo se considera un asunto de trata cuando hay un probable responsable y una víctima, pero aplicado esto  “a la lógica general”, en 2021 debió haber al menos 33 casos y de enero a mayo de 2022, 14 casos, “dado que había víctimas denunciando, sin embargo, esto no aparece en su numeralia”.

Recalca que Tlaxcala es un estado de origen no solo de víctimas, sino particularmente de redes de tratantes, con operaciones nacionales e internacionales, por lo que cada año se extradita a proxenetas oriundos de esta entidad a Estados Unidos.

“Si en el estado hay una incapacidad de investigar eficazmente para sancionar, se entiende entonces por qué las víctimas no quieren denunciar y por qué las redes tlaxcaltecas continúan con sus operaciones”, acentúa.

Destaca que derivado de la comparecencia de Carro Roldán hay dos elementos que particularmente “nos alertan”, uno de ellos es que la PGJE “no comprende aún que la trata de personas es delincuencia organizada, tal como lo refiere la legislación internacional y nacional en la materia” y que por tanto no exista ninguna carpeta de investigación por este delito.

El otro es la evidencia de desconocimiento de las legislaciones estatal y General en la materia, así como del Programa Estatal,  donde se asientan las acciones de prevención, de las que el conjunto de instituciones que integran el Consejo Estatal tienen que estar al tanto, “aun cuando las mayores competencias no recaigan” en la PGJE, pues “si no hay una visión integral de la política, no se puede avanzar en la atención de esta grave problemática“, recalca el CFJG.

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