Las elecciones de 2021 serán atípicas, pues las campañas político–electorales tendrán que adaptarse a las condiciones de la pandemia y por ende a los protocolos de salud establecidos a nivel federal y local. Es muy probable que para la fecha de la jornada electoral, aun a pesar que se haya avanzado en la aplicación de la vacuna contra el Covid–19, millones de mexicanos estarán a la espera de contar con ella y en ese escenario los partidos políticos, las coaliciones partidistas y los miles de candidatos a un puesto de elección popular deberán establecer nuevas estrategias para la promoción del voto, ya que sería irresponsable y sumamente cuestionado que ocupen las mismas prácticas para intentar asegurar el voto ciudadano. De hacerlo, estarán atentando contra el derecho a la salud y los derechos humanos. Veamos si les importa la salud o si el acceso al poder está por encima de los intereses colectivos.
En la jornada electoral del próximo 6 junio se habrán de renovar la Cámara de Diputados federal, 15 gubernaturas, mil 926 presidencias municipales y 30 congresos locales. Según el INE, será la elección más grande en la historia política de México, lo que implicará un proceso complejo de organización y vigilancia; de hecho, la propia capacitación de los integrantes de la mesa de casilla tendrá que cumplir con los protocolos de sanidad, desde la capacitación, la instalación de la casilla y desde luego el seguimiento, antes, durante y después de la jornada. Tan sólo en ese proceso es posible que haya un alta grado de rechazo para participar o que haya una alta tasa de deserción en la jornada electoral. Si este fenómeno se presenta en cada elección en condiciones normales, ahora en el marco de la pandemia aumentará de forma significativa, por lo que la autoridad electoral habrá de contemplar desde ahora estrategias para prevenir el abstencionismo de los integrantes de la mesa de casilla, pero si el problema es mayúsculo en la organización, para los partidos, coaliciones y candidatos el problema será más complejo.
De hecho, las prácticas políticas para la promoción del voto deberán ser diametralmente diferentes, así las reuniones vecinales, los mítines masivos y el tejido de redes de apoyo no deberían realizarse, pues éstas pueden ser puntos de contagios masivos, aunque haya medidas de sanidad, los protocolos serían insuficientes para proteger a los ciudadanos; cosa similar ocurrirá con la elaboración de trípticos, cuadernillos u otro tipo de materiales impresos, pues se ha demostrado que el papel es portador duradero del virus, lo que implica que un segmento de posibles votantes no leerá esos documentos por temor a meter el virus a sus hogares y para aquellos delincuentes electorales que piensan repartir dinero para la compra del voto; tendrían que sanitizar los fajos de dinero para evitar la propagación, lo que no resultará tarea sencilla.
De hecho, sería lamentable que para la jornada electoral se hicieran los famosos desayunos colectivos, la operación tamal está en riesgo, pese a que los operadores políticos intentarán esas trapacería muchos declinarían de prestar sus casas o juntar amigos para recibir un tamal y 500 pesos por su voto a cambio de contraer el Covid–19. En ese sentido, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos deberán ser observadores activos y promotores de las implicaciones penales que se intentarán realizar por parte de las instituciones, partidos y candidatos, otra prueba de fuego para la autoridad electoral, la FEDE y la CEDHT (para el caso de Tlaxcala).
Ante este escenario pandémico, las campañas electorales serán por aire (digitales), ocupando los tiempos a los que tienen derechos los partidos políticos en los medios masivos de comunicación, pero el posicionamiento no está garantizado sobre todo en los espacios locales e incluso presentando diferenciaciones entre campañas para gobernador, presidencias municipales, diputados federales y diputados locales, así que las redes sociales jugarán un papel preponderante para intentar posicionar a algún candidato, partido o coalición, lo que implica que la ventaja podrá ser de quienes ya hayan ocupado éstas y medido su impacto en los espacios locales y el comportamiento electoral por zonas geográficas. Lamentablemente la brecha digital jugará en contra porque no todos tendrán el acceso a la información.
En ese sentido, la pandemia trastocará de manera sustantiva las campañas y las elecciones, una posible hipótesis inicial es que los que irán a votar en junio, ya saben por quién votarán con la información con la que ya cuentan, es decir que ante la limitada posibilidad de hacer proselitismo como en antaño, los electores ya tengan claro por qué partido o coalición votarán y esto cambiará muy poco entre los meses por venir, así que si esto se cumple las campañas no tendrán los efectos suficientes para cambiar la intención ni el sufragio de los electores. En otras palabras, el voto está decidido, lo que se haya hecho antes y durante la pandemia definirá a los ganadores. Las redes sociales repetirán, una y otra vez, lo que ya se sabe y habrá una que otra nueva propuesta, pero nada que permita cambiar el rumbo de las cosas.
Entre tanto, en Tlaxcala, la desobediencia civil y la ligereza por parte de la autoridad sanitaria local provocaron regresar a prácticamente rojo técnico.