Sábado, mayo 8, 2021

Se pronuncian OSC contra desaparición del INAI; se violarían derechos humanos

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Por considerar que se violarían derechos humanos fundamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tlaxcaltecas se pronunciaron contra la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

A pregunta expresa sobre la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de extinguir organismos autónomos, entre ellos a éste, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C (CFJG), respondió que no es viable.

“El acceso a la información pública ha sido una lucha histórica y una conquista de la sociedad civil organizada que pugnó por un organismo autónomo que hiciera contrapeso a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para poder garantizar este derecho”.

Recordó que previo a su transformación, cuando se denominada Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI, el cual entró en operaciones en 2002), el CFJG efectuó solicitudes en diversas ocasiones, pero “siempre se nos negaba y había que hacer todo un procedimiento jurídico hasta llegar a los amparos, para que después de un año, dos o tres, la soltaran”.

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Bajo estos procesos “larguísimos” –anotó– se obtuvo el informe elaborado por Patricia Olamendi sobre el problema de trata de personas con fines de explotación sexual contra mujeres en Tlaxcala, pues el gobierno en turno lo negó.

Asimismo, tuvo acceso al estudio que el gobierno estatal realizó en el año 2007 en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), sobre la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, pues lo había reservado por 12 años, por lo que fue promovido un amparo para que publicara; aunque sí lo hizo pero fue de manera parcial, solamente lo relativo al muestreo en aguas residuales municipales y ocultó el de las industriales.

Y –añadió– ya en funciones como INAI a partir de 2015, “pudimos obtener información, no tan rápido como hubiéramos querido, pero por lo menos en menor tiempo. Sí ha cumplido con la función de garantizar el derecho”.

Dijo que como organismo autónomo tiene la posibilidad de solicitar a las instituciones públicas que responda a las peticiones, por ello, la propuesta de trasladar sus funciones al Ejecutivo, “subyugarla a este, es ser otra vez juez y parte”, por lo que no hay ninguna garantía de que la información que entregue sea la real ni la solicitada; de ser así habría una “violación terrible”.

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Hacerlo –reprochó– sería desconocer esa lucha histórica de la ciudadanía, la cual no fue una concesión del gobierno; a pesar de los avances ha sido muy difícil acceder a la información de carácter público. “Como toda institución tiene algunas fallas, sin embargo, nos sumamos a su fortalecimiento para que siga cumpliendo su función y misión”.

En cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), organismo local, “sí hemos tenido una experiencia positiva en el sentido de que las dependencias respondieran a las solicitudes, incluso en ocasiones la reservaron, pero han sido obligadas a transparentar”.

En los últimos años se ha logrado obtener información sobre la trata de personas, como el Programa Estatal aprobado en 2018, pues fue requerido a la Secretaría de Gobierno pero no lo concedió, de ahí que se recurrió al IAIP, indicó.

De esta manera, también se obtuvo el número de denuncias y sentencias, así como de la canalización y atención a víctimas; son –añadió– datos que han permitido conocer la situación y ubicar hacia dónde debe dirigirse la política pública, aunado a la investigación que el CFJG realiza con la colaboración de académicos y científicos.

“Claro que ha funcionado el IAIP, por eso vemos un riesgo ante la posibilidad de la extinción del INA, porque en cascada podría suceder lo mismo en los estados”.

Es un hecho que a las dependencias “no les gusta soltar información”, por ello preocupa el anuncio de la Federación, pues tampoco hay claridad hacia dónde serían trasladadas sus funciones; sería un retroceso terrible, se volvería nuevamente a la opacidad y sin garantía de protección de datos personales. “Sería grave”, acentuó.

Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), aseveró que de avanzar este planteamiento del presidente, no beneficiaría el avance en materia de derechos humanos, pues el INAI significa la lucha de grupos de defensores y defensoras, “como una forma de hacer frente a un sistema de justicia que no responde”.       

Coincidió en que este Instituto debe fortificarse y una forma de hacerlo es a través de la manera en que se elige a sus integrantes, pues mientras prevalezcan las cuotas políticas o los adeptos a partidos, no favorecerá a la sociedad, “porque se vuelve parte de la simulación y de la falta de garantías, por esos sus comisionados deben tener experiencia y ética para que realmente cumplan con lo que les corresponde”.

También –añadió– deben mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes, de lo contrario “seguirán siendo largos o de no pasa nada si no entregan información”; como es el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), este es el tercer año que no contesta una sola petición, es bastante grave.

Expuso que es preocupante que López Obrador genere cuestionamientos “que dejan ver que no tiene claro, que no entiende plenamente como debe proteger derechos humanos” y que haga propuestas que no son adecuadas y sin previa evaluación.

Al respecto, Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala), puntualizó que la pretensión del presidente no es viable y que, por el contrario, se debe trabajar en mejoras y capacitar al personal.

Reconoció que el INAI tiene deficiencias en las que sería importante trabajar, pero no extinguir a este organismo, “porque el acceso a la información es fundamental para tener estadísticas, para contar con datos certeros”. Realzó que las dependencias públicas “tardan mucho para responder una solicitud de información”.

Sin embargo –abundó–, si este Instituto despareciera, habría mayor opacidad y no habría claridad sobre diversos temas. La activista tlaxcalteca tampoco compartió la idea de que las funciones y facultades del INAI sean trasladadas a alguna área del gobierno federal, “pues si así no cubre lo básico, siendo del Ejecutivo menos se garantizaría”.

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