Del pasado16 de abril a la fecha, los municipios han emitido 394 órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia, informó María Angélica Zárate Flores, titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM).
A pregunta expresa, la funcionaria puntualizó que en ocasiones los ayuntamientos no responden a las solicitudes de este mecanismo por desconocimiento, reconoció que en algunos casos existe por parte de las y los secretarios de estos, quienes emiten de inmediato la instrucción.
Sí –agregó- son deficiencias; aun cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Tlaxcala establece que los municipios deben atender las peticiones de órdenes de protección, “hay que darles las herramientas de información, no podemos exigirles si no las tienen”.
Por eso el IEM toca puertas de los municipios porque son los primeros respondientes a situaciones de su población, pues cuando algo sucede al primero al que recurre es al presidente de comunidad, al municipal o la policía del lugar, por lo que esas instancias deben estar preparadas para dar una mejor atención, indicó.
Realzó la importancia de que esa formación que reciban sea con perspectiva de derechos humanos y de género, “porque pudiera ser que quien acuda en busca de apoyo sea una mujer violentada por su pareja u otra persona”.
La idea es que la información y la respuesta a este requerimiento sean en línea, desde el policía municipal, el director de seguridad pública, el auxiliar del Ministerio Público y el juez municipal, pero el secretario del ayuntamiento puede colaborar, anotó.
“Por esta razón, en la capacitación y sensibilización de este tipo de temas se procura que asista el mando en línea, incluidas síndicas y síndicos, estos como representantes legales, para que conozcan que el hecho de no responder a una obligatoriedad puede derivar en una responsabilidad”, resaltó.
La orden de protección es solicitada cuando la mujer se encuentra ante un riesgo inminente, pues “no solo se le puede dar apoyo con el proceso legal, hay que resguardar su integridad; hay quienes no pueden retornar a casa y deben irse a otro lugar porque no hay condiciones, hay que ver si tienen redes de apoyo, amigas y familiares”.
Las Unidades de Atención a la Violencia brindan acompañamiento y asesoría jurídica a las usuarias y las áreas de trabajo social y psicología también intervienen en la medida que ellas lo permitan “porque pareciera que es obligación que acepten esa asistencia, pero no fácil porque llegan violentadas, con imposiciones de un ambiente donde no han podido tomar una sola decisión propia debido a que son amenazadas, porque han estado privadas de libertad y les han quitado los recursos para moverse”.
Ante circunstancias de esta naturaleza, en lo primero en que se trabaja es en el equilibrio emocional, pero la atención es integral, pues así lo ordena la ley.
“El tema será abordado en el transcurso de esta semana con personal de ayuntamientos. Han respondido a otros llamados, están haciendo un esfuerzo junto con nosotros; es difícil que todos asistan, pero se efectuará un balance a fin de identificar los que faltan”.