El gobierno de la 4T ha gastado mucho tiempo, energías y generosos recursos para comprobar que son diferentes a todos los gobiernos que le antecedieron. Mucha de esta labor se ha encaminado en fortalecer el espíritu de los acólitos y beneficiarios de sus políticas de bienestar, así como para convencer a los escépticos.
Hoy, al igual que en el pasado, las magnas obras tienen fecha de caducidad, ya no dicen ni significan nada para el grueso de la población, el fundador e inaugurador de estas faraónicas obras se ha ido y muchas de sus herencias comienzan a ser controvertidas, a decir el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas. En este país, estamos seguros de que no se puede todo el tiempo sacar raja de algo que ha sido adelgazado por tanto uso político. El PRI, PAN y PRD, como partidos, son el mejor ejemplo de ello.
Morena, durante el periodo del presidente Obrador, tuvo una oportunidad de oro para marcar una profunda diferencia en materia de justicia con los antecesores gobiernos del PRI, PAN y PRD. Ese rubro es realmente una de las diferencias más importantes que cientos de miles de mexicanos han implorado, solicitado y esperado por décadas.
La justicia ha sido un elemento ausente en nuestras alternancias y transiciones. Los anteriores partidos en el poder, como lo sabemos, no sólo fueron indolentes y omisos, sino que también se burlaron de las demandas de justicia solicitadas por los dolientes del pasado y los dolientes del presente. En sus manos estuvo sentar los precedentes jurídicos para los responsables sobrevivientes de los delitos de lesa humanidad durante la denominada “guerra sucia”, de las matanzas perpetradas en Acteal y Aguas Blancas, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y un sinfín de delitos graves perpetrados a lo largo y ancho del país por agentes estatales o paralelos.
La justicia no sólo es un tema de voluntad, sino de principios éticos y morales con las personas dolientes del pasado y del presente. Durante el sexenio de Obrador no obtuvimos ni lo uno ni lo otro: ni voluntad ni ética y moral para llevar la justicia donde ha sido solicitada. A contracorriente, fuimos testigos de la salvación de un general de altos vuelos acusado de participar con las redes del narcotráfico. Y entre la mayor opacidad conocimos de su extradición a México como si se tratara de un “logro diplomático”, eso sí, extraditado y exonerado, con un expediente limpio, toda la investigación de la DEA fue tachada, borrada y ocultada a la sociedad mexicana. El sexenio de López Obrador se caracterizó por maquillar, dotar de impunidad y deslindar de responsabilidades a altos funcionarios, así como a enriquecer a todas las fuerzas armadas. Estudiosos, como Erubiel Tirado, han tipificado esta decisión política como un “populismo militarista”.
Durante el sexenio de Obrador se colocaron letras de oro en un recinto militar para honrar a los soldados caídos durante las luchas del Estado contra el socialismo de los años 70 y 80, cuando justamente un Mecanismo de Esclarecimiento Histórico trabajaba en la verdad y la justicia ante los delitos de lesa humanidad cometidos durante esas décadas, y aun posteriormente.
Otros muchos casos de corrupción, opacidad, delincuencia organizada y desorganizada fueron resueltos durante el sexenio del presidente Obrador con un carpetazo que sólo desde la Presidencia puede decretarse. Esas son las facultades presidenciales que se otorgan de facto y que se han implementado desde un pasado ya remoto en México.
La lista de la limpieza, el maquillaje y la exoneración durante el primer sexenio obradorista puede ser extensa, aunque algunos ejemplos paradigmáticos ya son muy conocidos por todas y todos los mexicanos, incluso muchas de esas personas implicadas en delitos de corrupción, complicidad con el “crimen organizado” y delincuencia, se mantienen como funcionarios del actual gobierno.
No era, no ha sido sólo un asunto de voluntad, sino de ética y moral con las personas dolientes del pasado y del futuro, así como de las múltiples demandas de verdad, esclarecimiento y justicias demandados por cientos de miles de personas en el país.
Pocas veces en la breve historia del partido Morena en el poder se ha presentado la oportunidad de mostrar que sí son diferentes, aunque, hasta ahora no lo hayan confirmado con hechos, y la injusticia sigue campeando en este paraíso de impunidad llamado México.
Esta es una oportunidad de oro para que la presidenta enmiende el camino de la justicia, la intolerancia a la corrupción y el fin de la impunidad de esa delincuencia afincada en las más altas cúpulas gubernamentales, militares y empresariales. Es una oportunidad para demostrar que el gobierno de la 4T no es igual y no es lo mismo, que este sexenio romperá las sinergias de complicidad establecidas antes y durante el periodo obradorista y actuará con ética y moral para sancionar a las delincuencias organizadas enquistadas en el gobierno y el Estado mexicano. Es un buen momento para demostrar que este gobierno concrete una transición real en la que la verdad, las justicias y la reparación sean el cimiento de las grandes obras y acciones que muchos sectores de la sociedad anhelan y han luchado por décadas.