Oportunidad o desafío para la Justicia. El 3 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados fue testigo de un intenso debate sobre la reforma del Poder Judicial. La propuesta de reformar el sistema judicial presentada por Morena y apoyada por sus aliados provoca fuertes desacuerdos entre los legisladores.
Morena argumenta que la propuesta es crucial para democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción. Los partidos de oposición ven en la iniciativa un riesgoso intento de influenciar al Poder Judicial y por consiguiente al sistema de justicia mexicano.
En esta discusión surgen tensiones entre las partes involucradas; desde el principio es evidente la diversidad de opiniones. Los discursos de ambos bandos ponen de manifiesto las discrepancias en cuanto a la concepción de la justicia y el destino del país.
La selección de los verdugos
Una de las propuestas más debatidas en la reforma es la sugerencia de seleccionar jueces y magistrados mediante elecciones populares. Esta modificación busca restaurar el poder judicial al pueblo, según lo planteado en el dictamen oficial. Sin embargo, la oposición expresa preocupación respecto a los riesgos asociados a esta medida.
Germán Martínez Cázares, del PAN, manifiesta: “No es justo que el Poder Judicial pretenda convertirse en un consejo de salud pública del terror o en un tribunal de disciplina judicial … Esto es simplemente una forma equivocada de ejercer la justicia”.
Esto expresa la preocupación de la oposición de que la reforma no esté realmente orientada hacia democratizar la justicia. Se enfoque en someterla a los intereses políticos del partido en el poder. El PAN y el PRI comparten la opinión de que bajo el argumento de una elección popular. Morena podría imponer candidatos, lo que afectaría la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
Paulina Rubio Fernández (PAN) refiere: “No se trata de una reformulación en beneficio de la población. Si verdaderamente desearan implementar transformaciones significativas, involucrarían a las fiscalías en el proceso. Podemos afirmar que la justicia no debe circunscribirse únicamente a los seguidores de Morena”.
Una tibia oposición
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque no lo rechazó de manera tan contundente como otros partidos políticos. Sugirió que tenía sus reservas sobre la justicia por elección popular de jueces. Ya que es un tema desconocido que podría acarrear serias implicaciones para la calidad del sistema judicial.
Movimiento Ciudadano fue especialmente enérgico en su crítica de la reforma, alegando que parece ser más un acto de venganza política que una acción orientada a mejorar el acceso a la justicia.
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez expresa: “No engañen al pueblo, señoras diputadas y señores diputados. Estos ajustes son una estafa y un engaño para la nación. Lo que buscan es manejar a los jueces, no perfeccionar el sistema judicial”.
La totalidad de la oposición sostiene que la reforma podría empeorar los inconvenientes ya presentes, al debilitarse más la independencia del Poder Judicial y favorecer una mayor politización de la justicia.
La defensa de Morena
Desde el bando de Morena se mostró una decidida defensa de la reforma. Ricardo Monreal Ávila justificó que la reforma tiene como objetivo principal acabar por completo con la corrupción en el Poder Judicial y democratizar la justicia para devolver a la ciudadanía el control de las instituciones.
Para Morena, esta modificación es vista como una demanda respaldada por el voto popular y como respuesta imprescindible frente al sistema judicial que consideran ha estado al servicio de las élites durante un largo periodo. Sostienen que la participación del pueblo fortalecerá la legitimidad del Poder Judicial al hacer que los jueces respondan directamente al pueblo en lugar de hacerlo conforme a intereses externos o políticos.
Mary Carmen Bernal Martínez (PT) destaca que la reformulación también contempla un tope en los salarios de los jueces y ministros. Esto se alinea al principio de que nadie debería percibir una remuneración mayor a la del presidente de la República.
Repercusiones de la reforma
Aunque la reforma tiene como objetivo declarado reducir la corrupción y mejorar el acceso a la justicia, sus posibles repercusiones sociales no deben ser pasadas por alto. En teoría suena bien permitir que los jueces sean elegidos por voto popular; sin embargo, podría llevar al sistema judicial aún más hacia la politización, haciendo que los jueces se embarquen en campañas electorales en busca de votos en lugar de impartir justicia de manera imparcial.
Esto podría minar la confianza de la población en un Poder Judicial que ya es percibido como ineficiente y cuestionablemente corrupto, además de ineficiente e irregular.
Además, está la posibilidad de que la reformulación no resuelva los problemas estructurales como la escasez de recursos en las fiscalías y tribunales locales, donde la mayoría de los mexicanos tiene contacto con el sistema judicial.
La reforma no aborda las cuestiones fundamentales al olvidar la importancia de las fiscalías y los defensores públicos en la mejora del acceso a la justicia.
Si la reforma no lleva a cabo una revisión exhaustiva del sistema judicial en su totalidad, las repercusiones sociales podrían resultar catastróficas. Un sistema judicial influenciado por los intereses políticos y saturado de casos, sin los recursos suficientes, podría resultar en una mayor impunidad y desconfianza en las instituciones.
Que realmente beneficie al pueblo
La modificación del sistema judicial podría representar un cambio significativo para la sociedad. Si se asegura la autonomía de los magistrados y la equidad en los procesos judiciales. Existe el peligro de convertirla en un instrumento de manipulación política en lugar de una respuesta a los desafíos relacionados a la corrupción y la impunidad.
La clave para que esta reforma represente verdaderamente un avance en la justicia mexicana está en cómo se implementen los procedimientos de elección y control judicial.
Para que la reforma vaya más allá de ser simplemente una imposición de la mayoría. Es crucial asegurar que la elección de jueces mediante voto popular no conduzca a una politización del sistema judicial. Las entidades encargadas de supervisar y disciplinar a los jueces deben ser independientes del poder político.
El desafío es considerable, ya que es necesario establecer un sistema judicial que realmente beneficie al pueblo. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar aún más uno de los pilares fundamentales de la democracia.